La ruptura de los 20 diputados miembros de la Legislatura LV al Congreso morelense no representa nada nuevo para quienes, durante casi cinco décadas, hemos visto el eterno conflicto entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, sobre todo cuando en el mencionado cuerpo colegiado debe debatirse y aprobarse (o rechazarse, según sea el caso) el Paquete Económico, integrado por la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal correspondiente.
Hoy en día se debate e intensifica el forcejeo político con respecto al Paquete 2022, existiendo el riesgo de que se llegue al 15 de diciembre sin la aprobación de los proyectos presentados en tiempo y forma por el Ejecutivo, e inicie el año nuevo con los ordenamientos de 2021, aunque cabe la posibilidad de efectuar un periodo extraordinario de sesiones. Esto tampoco (la continuidad del presupuesto vigente) sería nuevo, pues ya sucedió en otras épocas. Nadie, pues, debe sentirse sorprendido. Todo puede acontecer frente a los dos grupos que ahora se disputan el control del Congreso: quienes conforman el G-11, encabezado por algunos ex presidentes municipales (asesorados por viejos combatientes priístas), y el G-9, a quienes se ha definido como exponentes de la Cuarta Transformación.
En legislaturas anteriores los pleitos eran reiterados entre 30 diputados, pero hoy que esa cantidad bajó a 20 legisladores, el conflicto emergió más pronto de lo que imaginamos. No han transcurrido ni siquiera cuatro meses desde que la LV arrancó (el 1 de septiembre de 2021), cuando propios y extraños ya asistimos al final de la “luna de miel” de la nueva legislatura. Pero tampoco nadie puede llamarse sorprendido o engañado, porque una vez concluido el proceso electoral del 6 de junio de 2021 advertimos sobre qué personajes promoverían el divisionismo, aplicando el dicho del emperador romano Julio César: “Divide y reinarás”.
En el fondo, dentro del ahora conocido G-11, hay quienes propugnan el revanchismo político hacia el titular del Poder Ejecutivo, Cuauhtémoc Blanco, bajo el pretexto que usted guste y mande. Desde mi modesto punto de vista, los ex alcaldes, hoy diputados, pretenden acotarlo. Y la mejor forma de hacerlo es controlándole el manejo de los recursos públicos, al tiempo de que pretenden jalar la cobija del presupuesto buscando, desde ahora, rentabilidad electoral hacia 2024, aunque la realidad financiera no envíe señales positivas. Nadie puede sacar agua de las piedras para satisfacer los caprichos del G-11.
Todo lo antes dicho me lleva a los antecedentes históricos, al 19 de julio de 2000, cuando tuvo lugar una sesión semiclandestina (parecida a la de este domingo en la noche) de la 47 legislatura para favorecer, en una clara actitud revanchista hacia el triunfo panista de aquel momento, a los partidos Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática. Recuerden que el 1 de julio de 2000 el PRI perdió la gubernatura morelense y el panista Sergio Estrada Cajigal se convirtió en titular del Poder Ejecutivo.
En aquella sesión del 19 de julio de 2000 el bloque opositor al PAN, auspiciado desde el exterior del Congreso por Juan Salgado Brito, otrora priísta, y Víctor Saucedo Perdomo, también miembro del partido tricolor, hoy Secretario de Servicios Parlamentarios del multicitado cuerpo colegiado, introdujo tres dictámenes para reformar la Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica del Poder Legislativo, acotando las más importantes decisiones del nuevo gobernador emanado del PAN. Mediante 39 reformas a nuestra carta magna y dicha ley orgánica los enemigos del recién entronizado gobernador consiguieron prebendas y poder. Crearon un cerco alrededor de Estrada Cajigal provocando la inestabilidad política y social que se transfirió hasta 2004, cuando mediante juicio político pretendieron destronar al mandatario, sin conseguirlo; ello gracias al respaldo presidencial hacia Estrada a través de algunos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El gobernador terminó su sexenio colgado de alfileres.
Tal como lo estamos viendo ahora (a partir del pasado fin de semana), los grupos priístas, guiados en la 47 legislatura por Víctor Saucedo Perdomo, entonces secretario general de Gobierno, y aliados con el PRD, modificaron la Ley Orgánica del Poder Legislativo teniendo como objetivo acotar a Estrada Cajigal y el reparto del gran pastel que significaban los cuantiosos recursos manejados por el Congreso Local. Impidieron cualquier intento de reformas a leyes secundarias; los dictámenes, emanados de la Comisión de Puntos Constitucionales, sólo se autorizaron con las dos terceras partes del pleno. Lo anterior significó para el PAN la imposibilidad de llegar a 20 de 30 votos sin el consenso y la negociación. Sin embargo, el transcurso del tiempo demostró que los diputados priístas y perredistas de la 47 legislatura apostaban a lo segundo, a la negociación, pero no realizada con altura de miras poniendo en primer lugar los intereses de la sociedad morelense, sino buscando las canonjías a que estaban acostumbrados.
Todas las reformas impactaron negativamente en la capacidad de maniobra del nuevo gobernador, lo cual fue evidente en la pésima relación del Ejecutivo con los miembros de la 48 legislatura. Hoy la historia se repite. Los principales cargos en el Congreso del Estado se repartirán “a discreción” entre los miembros del G-11.
En la actualidad los liderazgos de los grupos en disputa están suficientemente vistos. Entre todos los legisladores hay de todo: de chile, de dulce y de manteca.
El G-11 está integrado por Agustín Alonso Gutiérrez, Francisco Erick Sánchez Zavala, Luz Dary Quevedo Maldonado, Julio César Solís Serrano, Oscar Cano Mondragón, Ángel Adame Jiménez, Andrea Gordillo Vega, Alberto Sánchez Ortega, Verónica Anrubio Kempis, Eliasib Polanco Saldívar y Juan José Yáñez Vázquez. Puro detractor del gobernador Cuauhtémoc Blanco.
Y en el G-9 tenemos a Paola Cruz Torres, Alejandro Martínez Bermúdez, Macrina Vallejo Tello, Ariadna Barrera Vázquez, Arturo Pérez Flores, Edi Margarita Soriano, Tania Valentina Rodríguez, Mirna Zavala Zúñiga y Erika Hernández Gordillo. Todos afines a la 4T y al realismo financiero muchas veces explicado en el Congreso por la titular de Hacienda estatal, Mónica Boggio Tomasaz Merino. Para aprobar el paquete económico del año próximo se necesitan 14 votos, que ninguno de los bandos alcanza. Así que esperemos para ver y después diremos.
