Desde el 26 de septiembre de 2014, en que fueron desaparecidos los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, y pese a los encontronazos entre los entes de procuración de justicia y el Ejército y ahora entre los poderes Ejecutivo y Judicial, sólo queda aceptar para desgracia de la justicia mexicana, que el múlticrimen está en las mismas condiciones desde que se cometió: en la más penosa y vergonzosa impunidad.
En seguimiento a nuestra anterior entrega, es de resaltar que la última decisión de la jueza, Raquel Ivette Duarte Cedillo, de cambiar la detención oficiosa de los 8 militares, presuntamente implicados, por libertad condicionada, no es la primera, anteriormente el juez Samuel Ventura, liberó hace años a decenas de detenidos por el caso acusados de tortura, sin investigar quién o quiénes las habían cometido.
A ello agréguese la liberación de otro militar de alto rango, el general, Rafael Hernández, el diario “El País”, bajo la firma del colega, Pablo Ferri, comenta: “acusado de delincuencia organizada, ‘obtuvo el mismo beneficio que ahora los ocho elementos de tropa’, gracias a la rapidez de la Guardia Nacional, encargada de calcular su riesgo de fuga, que calificó de mínimo.
Ocurre además que, los ocho que ahora seguirán su proceso en libertad se entregaron a las autoridades cuando recién la juez pidió su detención, mientras que Hernández fue capturado y presentado a la jueza. Entonces y ahora, la misma jueza les dio prisión preventiva a todos los acusados y luego aceptó que salieran de la cárcel hasta que llegue el juicio”.
Para todos aquellos que critican al presidente, Andrés Manuel López Obrador, por su proclividad al Ejército, habría que aclararles que la institución de las fuerzas armadas merece el respeto y el reconocimiento de las sociedades y del propio gobierno, nunca a los elementos que hayan delinquido o sean presuntos responsables de delitos atroces como el que nos ocupa.
Es absurdo que, por uno o varios miembros del Ejército o de la Marina y ahora de la Guardia Nacional, que han delinquido o sean presuntos responsables de conductas delincuenciales, ensucien a las corporaciones, por desgracia estas conductas criminales se dan en todos los organismos, en todos los sectores de la sociedad.
La Presidencia de la República, por medio de la Secretaría de Gobernación alertó al Poder Judicial del cambio de las medidas cautelares a los soldados presuntamente implicados y acusados de desaparición forzada de los 43 estudiantes, en respuesta, la judicatura se defiende al señalar errores de la Fiscalía.
Ante todo, este enjambre de errores y seguramente de complicidades, sólo nos queda concluir que el horrendo crimen, no de uno, de 43 estudiantes desaparecidos o asesinados, continúa en la más penosa y vergonzosa impunidad.
Periodista y escritor; presidente del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; secretario de Desarrollo Social de la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP; presidente fundador y vitalicio honorario de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del Consejo Consultivo permanente del Club Primera Plana, Doctor Honoris Causa por la Universidad Internacional y Académico de Número de la Academia Nacional de Historia y Geografía, ANHG. Agradeceré sus comentarios y críticas en teodororenteriaa@gmail.com Nos escuchamos en las frecuencias en toda la República de Libertas Radio. Le invitamos a visitar: www.felap.info, www.ciap-felap.org, www.fapermex.org, y www.clubprimeraplana.org, y el portal irradia noticias.com
