• Los proyectos de construcción no contaban con las autorizaciones ambientales correspondientes
Por no contar con autorizaciones ambientales y de desarrollo urbano de carácter estatal, personal adscrito a la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Morelos (Propaem) visitó los municipios de Cuernavaca, Jiutepec y Xoxocotla para clausurar y suspender obras.
Carlos Saldívar Salazar, titular de la Propaem, dio a conocer que esta acción inició derivado de diversas denuncias ciudadanas que mencionaron la realización de obras de construcción de giro comercial, estaciones de abastecimiento de combustible y desarrollos habitacionales.
“Se les requirió la presentación de la autorización en materia de Impacto Ambiental y en otros casos el dictamen de Impacto Urbano, mismo que no fue exhibido por los visitados. Como consecuencia a dicho incumplimiento se procedió a clausurar y suspender los proyectos de construcción”, refirió.
El funcionario estatal comentó que el trabajo desplegado se ajusta a la legalidad, garantizando los servicios públicos de los ciudadanos que habitan en Morelos.
“El Gobierno del Estado tiene como política pública conservar, preservar y cuidar los recursos naturales mediante los instrumentos legales en las diversas leyes ambientales en aras de garantizar un medio ambiente adecuado”, añadió.
En este sentido, Carlos Saldívar destacó que la manifestación de impacto ambiental es un procedimiento preventivo que tiene como finalidad evaluar en materia ambiental que las obras y actividades a desarrollar y que puedan causar un desequilibrio ecológico se ajusten a medidas de mitigación para proteger el ambiente, preservar y restaurar los ecosistemas, reduciendo al mínimo los efectos negativos hacia el ambiente.
El dictamen de Impacto Urbano, agregó, tiene como propósito que los proyectos de construcción sean compatibles con los usos de suelo y la estructura urbana del centro de población, por lo que, realizar obras o actividades sin contar con las autorizaciones señaladas pueden alcanzar multas de hasta un millón de pesos en el rubro urbano y de hasta 420 mil pesos en el esquema de impacto ambiental, con independencia de la demolición de lo construido y la restauración del sitio, en los casos que proceda.
