Perder o ganar una elección es una posibilidad propia, natural, de la vida en democracia, más no el caso contrario, que implica el perder la democracia a causa de una elección; y si bien es un tema de corresponsabilidad entre sociedad, gobierno y autoridades electorales, la tutela de la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, conjuntamente con la Secretaría de la Función Pública, es fundamental para el establecimiento y ejecución del protocolo institucional de Blindaje Electoral, al coordinar las acciones dispuestas a fin de prevenir, atender, dar seguimiento y sancionar las posibles responsabilidades administrativas y delitos electorales, cometidos por servidoras y servidores públicos adscritos al gobierno federal como parte integral y permanente del programa nacional de combate a la corrupción.
En este sentido y desde hace ya algunas semanas, se reitera a cada una de las personas que colaboran en la Administración Pública Federal, por medio de pantallas en los equipos de cómputo institucionales, así como a través de correos electrónicos oficiales, la política de cero tolerancia hacia los delitos electorales, que bien pueden resultar en sanciones que contemplan la destitución, inhabilitación de 2 a 6 años para ejercer cargos públicos, multa de 200 a 400 días (el día multa equivale a la percepción neta diaria del sentenciado en el momento de consumar el delito, tomando en cuenta todos sus ingresos) y prisión de 2 a 9 años e incluso, señalan que el uso de programas sociales con fines electorales, está sujeto a prisión preventiva oficiosa, en apego al Artículo 19 Constitucional.
Los hechos constitutivos de delitos electorales más comunes por parte de las y los servidores públicos, son:
▪ Condicionar cualquier servicio o programa gubernamental y hacer uso de sus padrones de beneficiarios con fines político-electorales.
▪ Apoyar en horario laboral alguna opción electoral.
▪ Utilizar recursos o instalaciones públicas con fines político-electorales.
▪ Coaccionar o amenazar al personal subordinado para asistir a eventos proselitistas.
▪ Solicitar al personal subordinado aportaciones de dinero o en especie para apoyar alguna opción electoral.
▪ Obligar al personal subordinado a votar o abstenerse de votar por alguna opción electoral.
▪ Abstenerse de entregar o negar, sin causa justificada, información solicitada por las autoridades electorales.
Este recuento se complementa además con las restricciones respecto a que, habiendo o no, proceso electoral en curso, la propaganda gubernamental debe tener carácter institucional con fines educativos, de información u orientación social, misma que no puede contener nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personal de algún servidor público, así como el ordenamiento desde el inicio de las campañas electorales y hasta que concluya la jornada electoral, de suspender toda propaganda y difusión gubernamental, de los tres órdenes de gobierno, a través de los diversos medios de comunicación, entre ellos las redes sociales, excepto aquellas campañas de información en temas de salud, educación y protección civil.
Es claro que las actividades propias de la función pública no se detienen ni deben detenerse a causa de los procesos y campañas electorales; sin embargo, los temas expuestos están previstos para garantizar la legalidad y equidad de las contiendas electorales.
El blindaje electoral, es un tema que socialmente se sustenta en la vocación democrática, en el nivel de desarrollo democrático alcanzado como ciudadanía, más en el caso de las y los servidores públicos, se circunscribe al cumplimiento normativo y principio jurídico que mandata a quienes colaboran en la administración pública a hacer solo aquello que la ley les faculta y que no queda solo en el ámbito federal, sino que se expande a cada entidad federativa y sus municipios. Hacerlo así, no solo protege el proceso y el sistema electoral, aporta a la gobernabilidad, a la estabilidad y paz social que el país demanda.
