• El Cabildo aprobó la firma de un convenio transaccional con la empresa Monterrey Asfaltos y Pavimentos S.A. de C.V. para concluir un juicio de nulidad iniciado en 2017 y evitar mayores afectaciones económicas al municipio
Para resolver una deuda heredada por obras no liquidadas durante administraciones anteriores y evitar mayores afectaciones a las finanzas públicas por concepto de intereses moratorios, el Cabildo del Ayuntamiento de Cuernavaca, encabezado por el presidente municipal José Luis Urióstegui Salgado, autorizó por mayoría este miércoles la firma de un convenio transaccional con la empresa Monterrey Asfaltos y Pavimentos S.A. de C.V., con el cual se pone fin a un juicio de nulidad iniciado en 2017.
Durante sesión ordinaria de Cabildo, Urióstegui Salgado explicó que dicho juicio deriva de obras de pavimentación realizadas durante la administración 2016- 2018, bajo el entonces alcalde Cuauhtémoc Blanco Bravo, por un monto original de 35 millones 978 mil pesos, los cuales no fueron liquidados oportunamente.
El incumplimiento provocó el crecimiento de la deuda a 93 millones de pesos, debido a intereses moratorios del 1.5% mensual pactados en un convenio firmado tras el inicio del juicio. La validez de dicho convenio fue ratificada por el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), con pruebas periciales que confirmaron la legitimidad de la firma del exalcalde Blanco Bravo.
Ante el incumplimiento también de la administración posterior liderada por Antonio Villalobos Adán, el actual Gobierno Municipal ha sostenido negociaciones con los representantes legales de la empresa, buscando evitar un pago único que ponga en riesgo la operatividad del Ayuntamiento.
Como parte de esta solución, se ha propuesto un esquema de pagos parciales que contemplan un pago inicial de 20 millones de pesos al firmar el convenio ante el TJA, pagos mensuales de 2.1 millones de pesos a partir de junio de 2025 hasta septiembre de 2027 y pagos dobles en diciembre de 2025 y diciembre de 2026, por 4.2 millones de pesos cada uno.
Urióstegui Salgado aseveró que este esquema permitiría al municipio acceder a una quita de 10 millones de pesos sobre el monto total de la deuda y suspender el cobro de intereses moratorios, además de no comprometer los recursos destinados a servicios y programas sociales. Subrayó que, aunque su administración está haciendo frente a este adeudo histórico, es fundamental iniciar acciones legales contra los responsables del daño patrimonial.
En este sentido, el tesorero municipal, Javier Arozarena Salazar informó que para solventar este acuerdo destinarán 36 millones 800 mil pesos a la Consejería Jurídica, específicamente a la partida de Sentencias y Resoluciones por Autoridad Competente para pagar este año. De este monto, 35 millones de pesos emanarán del presupuesto originalmente asignado a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para la construcción del edificio Papagayo y 1.8 millones de pesos se tomarán de Adefas (Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores) de la Tesorería Municipal.
El funcionario aclaró que esta redistribución no afectará ningún proyecto ni programa social, garantizando así que los servicios a la ciudadanía se mantengan sin alteraciones.
