La Junta Política y de Gobierno (JPyG) del Congreso local aprobó el desafuero del diputado Marcos Zapotitla Becerro, para que enfrente la denuncia en su contra por el delito de violación, acuerdo que será remitido para su dictamen a la Comisión de Gobernación y Gran Jurado.
El procedimiento establece que si la denuncia reúne los requisitos de ley, la JPyG emitirá dentro del término de treinta días hábiles contados a partir de que la recibió, el dictamen fundado y motivado en el que declara que la solicitud amerita la incoacción del procedimiento y turnará el expediente a la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, quien actuará como Comisión Instructora del procedimiento.
Una vez que el Dip. Marcos Zaptotitla sea notificado personalmente o en su caso por edictos, tendrá un plazo de quince días hábiles para contestar los hechos que se le imputan.
Una vez que conlcuya el periodo de pruebas y diligencias correspondientes, en caso de ser necesarios, se abrirá el periodo de alegatos, en el cual el denunciado o su representante legal, los presentarán por escrito o en su caso verbalmente en un tiempo no mayor a treinta minutos. Ahí mismo se declarará cerrada la instrucción procediendo en el acto a turnar los autos para su resolución, la cual deberá dictarse en un plazo no mayor a veinte días hábiles.
Concluido el plazo señalado para emitir la resolución en que se contengan las conclusiones de la Comisión Instructora, ésta solicitará a la Conferencia para la Programación y Dirección de los Trabajos Parlamentarios, la fecha para que el Congreso conozca del asunto como Jurado de Declaración.
En la sesión del Pleno, el Congreso erigido en Jurado de Declaración, oirá al acusado, a su defensor o a ambos si quisieren; la Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, dará lectura a las conclusiones contenidas en el dictamen emitido por la Comisión Instructora, sometiéndolo por instrucciones de la Presidencia a discusión y votación, debiéndose resolver el asunto por mayoría calificada del número de los integrantes del congreso.
Los plazos legales podrían extender el estudio del caso por más de 2 meses hasta ser llevado al pleno.
