Durante décadas, los opositores al dominio hegemónico del PRI criticaron fuertemente la utilización de los recursos públicos para hacer clientela electoral y que se aprovecharan los cargos públicos en la promoción personal, con fines electorales.
Las izquierdas dieron una larga batalla para poner freno al abuso del poder, que para el PRI era el pan de todos los días, en tanto partido de Estado y maquinaria electoral, puesto al servicio de las cúpulas políticas en México. Exigieron y exhibieron hasta que, con el tiempo, a trancas y barrancas, que aquello que la ley no prohibía y de lo que se aprovechaban a sus anchas ya no fuera permitido en la vida pública ni en la arena electoral.
Los priistas más conservadores, reticentes a reformas electorales que pusieran límites al uso del poder del Estado en materia electoral, tuvieron que ceder, a cuenta gotas, pero lo hicieron, porque la credibilidad del sistema ya no daba para más. En el exterior, México no era considerado un país democrático y al interior se gestaban cada vez más movimientos y organizaciones contra el régimen posrevolucionario.
La reforma política de los años setenta, ideada e impulsada por Jesús Reyes Heroles, permitió unos años más de estabilidad al sistema, sin que lograra quitar al gobierno el control de los procesos electorales, pero dando oportunidad a los opositores de tener voz y voto y formar partidos que ya no estuvieran en la peligrosa clandestinidad, sometidos a una guerra sucia ni a las cacerías de los sesenta.
Luego del fraude electoral contra Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, en 1988, finalmente inició un proceso democratizador, costoso e intrincado, pero necesario para garantizar a través de instituciones autónomas, como el INE, el respeto a la voluntad popular, la posibilidad de la alternancia en el poder y el freno al antes desmedido uso de los recursos públicos, en dinero y en imagen, para la promoción personal de los políticos. Tanto perdieron el control las élites políticas que López Obrador pudo alzarse con una victoria electoral irrefutable en el 2018.
Ahora esas reglas e instituciones electorales, que pusieron límites al uso del poder público en materia electoral, son un estorbo en la carrera por hacer de Morena el nuevo partido hegemónico. Por eso las desprecian y las atacan. En realidad, no quieren hacer una mejor democracia, sino, como todo lo que hace la 4T, que sea más barata y pueda estar bajo un control centralizado.
Aspiran a tener instituciones y reglas que les permitan sentirse como en la era hegemónica de los cincuentas y sesentas, con un predominio del poder presidencial y a sus anchas para que la ley no se interponga en su camino. A todas luces, eso no es progresismo de izquierda, sino retroceso sumamente conservador, añoranza por un pasado que los mexicanos habíamos creído ya superado.
Y para iniciados
Acarreo masivo, compra de votos y enfrentamientos. Eso es lo que se vivirá el próximo domingo en la jornada electoral de Morena. Entre otras modificaciones a la convocatoria a su Congreso Nacional Ordinario, por orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, podrá votar cualquier persona que se afilie en ese momento, cumpliendo con requisitos mínimos. No será necesario que se encuentren en el padrón de militantes validado por el INE. Así que ya se imagina usted cómo van a aprovechar esta circunstancia, los que de por sí ya andan comprando votos. Las carretadas de dinero volverán a verse este fin de semana.
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