Es probable que esta semana la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resuelva sobre la ampliación de mandato de la dirigencia nacional del Partido Movimiento Regeneración Nacional; las figuras de Mario Delgado Carrillo y Citlalli Hernández podrían ser retiradas de la Presidencia y Secretaría General, respectivamente.
Durante el fin de semana, en una práctica que se ha repetido a manera de “presión política y/o mediática” fue emitido un desplegado en redes sociales de MORENA en donde se señala la “intromisión” de los magistrados sobre temas que son solamente de la “vida interna” de ese partido.
El documento oficial contiene los nombres y se entiende el aval de los gobernadores y la jefa de gobierno; señalan que el proyecto de la magistrada ponente precisamente es en el sentido de anular el proceso de reelección, llamado “ampliación de mandato”, que prohíbe el Estatuto de Morena.
La misma historia vivirá el Partido Revolucionario Institucional ante la resolución que en su momento acordó el Consejo General del Instituto Nacional Electoral precisamente en determinar como ilegal la ampliación de mandato de su dirigente Alejandro Moreno Cárdenas quien debió dejar la dirigencia el 18 de agosto de 2022.
En ambos casos, MORENA y PRI, recurrieron a la interpretación y modificación de sus correspondientes estatutos. Es decir, dejo lo que me sirve y cambio lo que me estorba; con el apoyo de una mayoría que en efecto demuestra una decisión democrática pero soportada en una violación a los reglamentos internos. Recuérdese que en México son tres los documentos básicos de los partidos políticos: Declaración de Principios, Ideario y Estatuto.
Lo más grave de este asunto, recae precisamente en el argumento que pareciera superfluo pero es de alta gravedad: dejo lo que me sirve y cambio lo que me estorba, y en ese sentido un bloque de legisladores de varios partidos políticos trabajan a marchas forzadas para retirar varias facultades al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en específico, que pueda resolver sobre las decisiones “democráticas” aunque incurran en violaciones estatutarias de los institutos políticos.
