La autodenominada Cuarta Transformación en México está marcada por la ambigüedad y el contubernio.
Poco después del triunfo de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones presidenciales de 2018, el mandatario electo declaró que “su fuerte no era la venganza”, tendió la mano a sus adversarios e inició su periodo de gobierno pareciendo pretender un “borrón y cuenta nueva”. Más allá de hablar de las contradicciones del discurso presidencial, que se hacen evidentes, día tras día, está otro tema de relevancia para la nueva etapa de la política mexicana: la ambigüedad y el contubernio entre los poderes en el tratamiento de los asuntos públicos.
La ambigüedad, que se manifiesta no sólo en palabras, sino también en los hechos, las expresiones y los comportamientos que pueden ser entendidos o interpretados de diversas maneras y el contubernio, o sea, el acuerdo o alianza con fines censurables, término usado para calificar despectivamente a pactos o conspiraciones repudiables, se juntaron en la llamada Consulta Popular 2021.
Los participantes son AMLO, que la propuso en septiembre del 2020 y el Congreso Federal, que la aprobó, bajo la ambigua idea de que se trataría de preguntar al pueblo si deseaba que los expresidentes de México fueran investigados y llevados, en su caso, a juicio, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que cambió el texto de la pregunta para extender la ambigüedad inicial hasta si el pueblo estaría de acuerdo o no, en llevar a cabo procedimientos, constitucionales y legales, para el esclarecimiento de las decisiones políticas, tomadas en años pasados por los actores políticos, a fin de garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas.
Vaya galimatías, porque si nos vamos a las diferentes interpretaciones que podría tener la Consulta propuesta por el presidente, que tendrá un costo, por cierto, superior a los 520 millones de pesos, que provendrán de ahorros hechos por el Instituto Nacional Electoral (INE), podría servir para todo y para nada.
Tan ambigua es la pregunta que, de aprobarse, cualquier actor político, de cualquier nivel y época podría ser investigado, literalmente, como no se define a que periodo se refiere la palabra “pasado”, podría ser Salinas de Gortari o López de Santa Anna, el primer secretario de Hacienda de AMLO o Iturbide, Vicente Fox o cualquiera, claro, menos los del presente ni los del gobierno actual.
Y el contubernio entre poderes, para llevar a cabo la consulta, no es sólo porque hayan otorgado sus votos para aprobarla, para darle legalidad constitucional, sino porque resulta censurable que se le den al Estado tan amplias facultades de investigación y persecución, aduciendo apego a las normas constitucionales y legales, lo que en realidad son cuestiones de procedimientos, pero que igual nos dejan un sabor de boca de ambigüedad. El contubernio censurable radica en que esta consulta, como suele suceder en los regímenes autoritarios, en lugar de dar un paso adelante en la democratización, abre más camino a la supremacía y discrecionalidad del poder presidencial, cuyos efectos apenas comenzamos a sentir, pero que no tardarán en mostrarse con toda su crudeza.
Y para iniciados
Si hubo acuerdo en lo oscurito o no, que parece que sí lo hay, para la distribución de las diputaciones locales, sí habrá un beneficio del desaseo. Algo así como “no hay mal que por bien no venga”, ya que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tendrá que establecer criterios claros, que hoy por hoy, no existen en la legislación electoral vigente. Una chamba pendiente que deberían comenzar a poner en agenda los próximos diputados, bueno los que sí ya están firmes.
Excelente día.
La información es PODER!!!
