Después de las ridícules de algunos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, en forma singular su presidenta, Norma Piña, quienes, sin medir consecuencias y al decoro al que están obligados por el alto honor que ostentan -se manifestaron con gritos desaforados en la vía pública-, al fin congruentes actuaron de acuerdo a la Constitución que juraron velar y respetar, al desechar las peticiones de trabajadores del Poder Judicial, léase: empleados, jueces y ministros, para frenar la reforma judicial.
En efecto, el supremo tribunal desechó tres peticiones de personas juzgadoras y trabajadores del Poder Judicial de la Federación, PJF, que buscaban que el Máximo Tribunal del país frenara la aprobación de la reforma judicial en el Congreso de la Unión.
Se trata de tres asuntos, nos ilustra la plataforma “Animal Político”: (2/2024, 24/2024 y 2091/2024) que fueron presentados entre el 5 y el 9 de septiembre -luego de la aprobación de la Reforma Judicial en la Cámara de Diputados y antes de que fuera discutida por la Cámara de Senadores- por jueces, magistrados y personal del Poder Judicial que buscaban que la Corte interviniera de última hora para frenar el avance de esta reforma en el Congreso.
En sus peticiones, el personal jurisdiccional solicitó a la Suprema Corte ejercer “acciones concretas en defensa de la autonomía e independencia del Poder Judicial con base en los tratados internacionales que le permiten y lo obligan a analizar la constitucionalidad y convencionalidad de actos como los que se han emprendido hasta ahora”.
Así como fijar una posición “a favor de que se respete la independencia del Poder Judicial de la Federación y de que se mantenga la actual integración de juzgadores federales”, peticiones, todas que fueron desechadas por resultar improcedentes y sin fundamento legal.
Es más, en el caso de la jueza Mónica Vianney Pereda Gutiérrez quien solicitó a la Corte declarar que el Congreso violó la suspensión que la jueza Marta Magaña del estado de Morelos concedió desde el pasado 30 de agosto para impedir que siguiera adelante la discusión de la reforma en ambas Cámaras.
Ante tal aberración, la Corte aclaró que no puede pronunciarse sobre las violaciones a una suspensión en amparo, lo que se suma al hecho de que la propia jueza Martha Magaña -que ordenó la suspensión- ya se declaró incompetente para seguir con el trámite del amparo contra la reforma judicial, por lo que la resolución de que el Congreso violó la suspensión no podría darse.
Se supone que el líder o la líder de la Suprema, debe tener todo el conocimiento jurídico para actuar en consecuencia, pues es el caso, que desde la semana pasada la ministra Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte, abrió una consulta entre ministros del Máximo Tribunal para determinar si el Pleno podía o no ordenar que se suspendiera el procedimiento de discusión de la reforma judicial.
En dos acuerdos publicados el 5 de septiembre pasado, la presidencia ordenó revisar el ejercicio de la facultad de atracción de dictamen de reforma judicial y formular la consulta respectiva sobre si podía o no ordenar la suspensión de este procedimiento de reforma.
Esto ocurrió luego de que la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, JUFED, solicitó al Pleno de la Suprema Corte atraer el dictamen de la reforma al Poder Judicial de la Federación, PJF, -que hasta ese momento aún no había sido aprobado por la Cámara de Diputados, pero sí por sus comisiones- y ordenar suspender el procedimiento de discusión de la reforma.
En su petición, la jueza, Juana Fuentes Velázquez, directora nacional de ese conglomerdo, señaló que el uso de la facultad de atraer el asunto está previsto en el artículo 11, fracción XVII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que señala que el Pleno de la Corte “velará en todo momento por la autonomía de los órganos del Poder Judicial de la Federación y por la independencia de sus integrantes”.
Sin embargo, por orden del sistema, le tocó la ponencia a la ministra Lenia Batres para elaborar un proyecto de resolución sobre este caso, documento que no ha sido elaborado, por lo que el asunto continuará su cauce mientras el Gobierno Federal hace oficial la implementación de la reforma judicial.
A lo que sí tienen derecho es a la defensa legal de los trabajadores y a la independencia del Poder Judicial, que podrían ser afectados con la entrada en vigor de la reforma judicial aprobada por los legisladores de Morena, sus aliados y otros votos de panistas y perredistas.
Mientras tanto, Claudia Sheinbaum, presidenta electa de México, envió un mensaje a los magistrados, jueces y ministros luego de que fuera aprobada este miércoles la reforma judicial.
“Se van a respetar sus derechos laborales, sus prestaciones, todo lo que ellos han conquistado, se van a respetar; eso sí, se va a acabar el nepotismo y la corrupción”, expresó enfática.
Por su parte, el Consejo Mexicano de Comercio Exterior, COMCE, rechazó que la reforma judicial afecte la confianza de los inversionistas y se espera que en 2024 alcance 40 mil millones de dólares por concepto de inversión extranjera directa, IED.. “De parte del sector empresarial entendemos perfectamente bien que hay una cuestión de revisiones -por reformas a la Constitución, como la elección de jueces por voto popular-. La certidumbre del sector empresarial es real, no nos estamos dando un balazo en el pie, seguimos creciendo y seguiremos creciendo”, afirmó Sergio Contreras, presidente ejecutivo del COMCE.
Es de resaltarse la declaración del empresario Arturo Elías Ayub, tras aprobación de la Reforma Judicial, afirmó: “vamos a salir adelante»… tendremos que adaptarnos a las circunstancias… buscamos las oportunidades, que yo creo que vendrán muchas, las aprovecharemos y nos ponemos a chambear”, expresó el director de Alianzas Estratégicas y Contenidos de América Móvil.
Si en Estados Unidos el Debate presidencial devaluó el dólar, la situación política en nuestro país tenía que tocar a nuestro peso, sin embargo, se informa ahora que el peso mexicano se apreciaba tras haber alcanzado uno de sus peores niveles en casi dos años, mientras que los inversionistas también evaluaban un reporte clave de inflación en Estados Unidos.
El peso cotizaba en 19.8012 por dólar, con un avance de 1.46% en comparación con el precio de referencia del martes, cuando la moneda llegó a debilitarse hasta 20.1470 unidades. El peso comenzó a recuperarse en las primeras horas del miércoles, justo después de la primera votación de la reforma, beneficiándose también de un debilitamiento generalizado del dólar. Así es, la Iniciativa Privada optimista ante los cambio constitucionales y la Suprema actúa en congruencia.
Periodista y escritor; presidente del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; secretario de Desarrollo Social de la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP; presidente fundador y vitalicio honorario de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del Consejo Consultivo permanente del Club Primera Plana, Doctor Honoris Causa por la Universidad Internacional y Académico de Número de la Academia Nacional de Historia y Geografía, ANHG. Agradeceré sus comentarios y críticas en teodororenteriaa@gmail.com Nos escuchamos en las frecuencias en toda la República de Libertas Radio. Le invitamos a visitar: www.felap.info, www.ciap-felap.org, www.fapermex.org y el portal: irradianoticias.com
