Ayer ocurrieron dos hechos que tendrán consecuencias todavía no pronosticables del todo, pero que serán de gran calado para el futuro de la República y de su economía. Por un lado, las modificaciones a la iniciativa para reformar y adicionar la legislación electoral. Por otro lado, el anuncio presidencial sobre la próxima conversión de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de “empresas productivas del Estado” a “empresas públicas”.
Comencemos por la modificación al procedimiento para seleccionar a quienes serán candidatos a jueces, magistrados y ministros en el proceso electoral del próximo año. La reserva por la que se llevó a cabo la modificación al texto presentado para reformar y adicionar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE), fue propuesta por Morena y avalada junto con los votos del Verde y del PT. Establece que los poderes de la Unión -Ejecutivo, Legislativo y Judicial- tendrán derecho a vetar, es decir, a excluir aspirantes, de las listas de candidatos aprobadas por los respectivos Comités de Evaluación, cuyos miembros seleccionarán a las personas que podrían ser postuladas. En el caso del Ejecutivo, esta facultad de veto corresponderá a su titular. En el Legislativo, podrá ser ejercida por mayoría simple de votos, en cada una de sus cámaras.
Dado que, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, Morena es el partido con el mayor número de representantes, salta a la vista, a todas luces, que únicamente podrán ser candidatas o candidatos a jueces, magistrados o ministros quienes cuenten con el visto bueno de ese partido político y que, por consecuencia, también podrán cerrar el paso a quien quieran, sin necesidad siquiera de contar con los votos de sus partidos aliados.Además, podrán proponer a otras personas para sustituir a quienes sean vetadas.
Por lo que tocará a la presidencia, entonces, Claudia Sheinbaum Pardo tendrá la prerrogativa de decidir quiénes sí van y quiénes no van en la lista. Y todo esto es antes de llevar los nombres a la tómbola, o sea, al sorteo por el cual se definirán finalmente las candidaturas.
En concreto, para qué darle más vueltas, esto significa que todas las candidatas y candidatos a jueces, magistrados y ministros serán, al final, aprobados por Morena. Saque usted sus conclusiones de lo que esto significará para la división y el equilibrio de poderes en México. La disminuida oposición parlamentaria ya señaló esto como todo un agandalle.
El otro caso es el anuncio de que tanto Pemex como la CFE dejarán de ser “empresas productivas” para volver a ser “empresas públicas”, a las que se otorgará preferencias y apoyos por sobre las empresas de la iniciativa privada.
No se trata solamente de un cambió en la categoría donde se las ubica. De fondo, conforme a la propia Constitución y a la reforma que se propondrá para ello, traerá consecuencias, para bien o para mal, dependiendo de cómo sean administradas y de los éxitos o fracasos de la política energética.
Veamos. Siendo consideradas como empresas productivas están obligadas a competir con las de la iniciativa privada que haya en el sector. Para poder competir, resultan obligadas a mejorar la calidad de su producción y de los servicios que ofrecen a los consumidores, así como a ser rentables, en otras palabras, que no pierdan, sino que produzcan, que ganen, que tengan utilidades. Una vez, volviendo a ser empresas públicas, ya sólo por ese hecho, el gobierno podrá y deberá favorecerlas con subsidios, financiamientos y otorgamiento de contratos, independientemente de las pérdidas que tengan y las deudas que contraigan.
En el discurso podrán decir lo que quieran, pero en los hechos ya sabemos lo que pasa con las empresas públicas que no están obligadas a dar resultados favorables y esa es, precisamente, la preocupación, no el cambio de categoría.
Y para iniciados:
En su momento, el nombramiento de Rosario Piedra, por ser hija de la destacadísima luchadora social, Rosario Ibarra de Piedra, generó muchas y muy buenas expectativas. Pero resultó ser todo un fracaso a la hora de ejercer sus funciones constitucionales y reglamentarias. Pasó su periodo haciéndose “ojo de hormiga” y tratando de quedar bien con el poder. Y no es para eso que se instituyó la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En el Senado ya fueron aprobados los lineamientos para elegir a quien relevará a Rosario Piedra Ibarra en su presidencia. Los criterios y los requisitos para ocupar tan importante y alto cargo fueron disminuidos. Como que eso suena a que están confeccionando un traje a la medida de, digamos, alguien. Ya pronto veremos con qué nos salen.
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