Autoridades del Poder Judicial de la Federación admitieron el juicio de amparo iniciado por Raúl Hernández Cruz, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) por las amenazas vertidas en su contra por parte de funcionarios de primer nivel del Gobierno que encabeza el ex futbolista Cuauhtémoc Blanco Bravo.
Además se decretó de plano la suspensión para que cesen los actos jurídicos que pudieran iniciar en su contra.
Lo anterior, luego de que el ombudsperson inició un juicio de con el número 23 /2021 luego de que el 13 de enero denunció públicamente ser blanco de amenazas por parte de Pablo Héctor Ojeda Cárdenas, secretario de gobierno, Mauricio Robles Cortes, subsecretario de gobierno, Eduardo Kenji Urchida García, director general jurídico y Jesús Toledo Saavedra, presidente del Colegio de Notarios del Estado de Morelos.
En el documento presentado por el ombusman se destaca que existe una orden verbal a terceros para privarlo de la vida, además la orden verbal a terceros para atacar y afectar su libertad personal fuera de todo procedimiento judicial; así como la orden verbal para comunicarlo y/o desaparecerlo de forma forzada.
Todo derivado de las funciones que desempeña como titular de la Comisión de Derechos Humanos en el Estado de Morelos (CDHEM).
Ante ello, un juez de distrito admite la demanda de amparo, decreta la suspensión de plano y ordena la integración de un nuevo expediente.
Con ello “Frente al cuadro extorsivo que estoy viviendo para obligarme a renunciar a la Comisión, el juez orden que se abstengan tanto el secretario de gobierno, y otras autoridades , de atentar contra mi vida e integridad corporal y libertad personal y actos prohibidos como la incomunicación y desaparición forzada”, destacó el presidente de la CDHEM.
Agregó :
“Por la gravedad de la situación que nos remonta a épocas medievales, el juez segundo de distrito en Morelos, en el amparo 36/2021 ha ordenado al Secretario de Gobierno, al Subsecretario de Gobierno, al Director General Jurídico y al Presidente del Colegio de Notarios, que se abstengan de atentar contra mi vida, integridad corporal y libertad personal, incomunicación o desaparición forzada”.
El ombudsperson, indicó que a pesar de ello teme que dichas autoridades incurran en desacato a lo ordenado por el Juez
“Sin embargo, como en los hechos estas autoridades han demostrado que no les importa violar el estado de derecho, atropellando la autonomía de la Comisión, temo que incurran en desacato y se atrevan por sí o a través de terceros (CES) a atentar en mi contra”.
Y mencionó que hay elementos para pensar en ello.
“No es descabellado lo anterior, a penas hace unos días desaparecieron dos empresarios en Yautepec y se ha revelado que fue por medio de agentes policiales del Gobierno del Estado, de lo cual también desde la Comisión hemos denunciado”, añadió.
