Habitantes y colectivos defensores de animales en el Pueblo Mágico de Tlayacapan, Morelos, denunciaron la desaparición de entre 15 y 20 perros comunitarios que habitaban en el primer cuadro del municipio. Según los testimonios, los animales —muchos de ellos esterilizados y cuidados por los vecinos— dejaron de verse la noche del 31 de enero, coincidiendo con el informe de gobierno del alcalde Pedro Antonio Montenegro Morgado y los preparativos para el carnaval local. Los ciudadanos responsabilizan directamente a la administración municipal de haber ordenado un operativo de limpieza social utilizando vehículos oficiales de Protección Civil.
La falta de información oficial ha generado indignación, ya que, a diferencia de otros municipios que realizan retiros temporales con aviso previo, en Tlayacapan no se conoce el paradero de los ejemplares, entre los que destacan perros muy conocidos como «Honey» y «Frijol». Testigos aseguran haber visto camionetas de caja cerrada trasladando a los animales durante la madrugada, y algunos incluso temen que hayan sido sacrificados. Esta situación ha escalado en redes sociales, donde usuarios han etiquetado al edil con el mote de “mataperros”, contrastando irónicamente con su profesión de médico veterinario zootecnista (cédula profesional número 7936398) y su propio apodo de campaña, “El Perro”.
Organizaciones civiles, han sumado a las protestas exigiendo una investigación independiente y transparente. Denuncian que el municipio carece de reglamentos, protocolos de bienestar animal o un padrón oficial de mascotas, lo que facilita este tipo de acciones arbitrarias. Además, señalan que en años anteriores se han registrado envenenamientos masivos en la zona que nunca fueron investigados por la autoridad local, lo que refuerza la desconfianza ciudadana hacia la gestión de Montenegro.
Por su parte, el alcalde Pedro Antonio Montenegro negó categóricamente las acusaciones de una desaparición masiva en una entrevista para El Financiero. El edil minimizó el reporte, asegurando que solo tiene conocimiento de la ausencia de dos perros y no de veinte, como afirman los colectivos. Montenegro sostuvo que su administración no ha realizado actos de crueldad y condicionó cualquier intervención oficial a la presentación de denuncias formales ante las autoridades competentes, argumentando que, sin un sustento legal, su gobierno no puede actuar.
Finalmente, el presidente municipal justificó de forma indirecta la problemática al mencionar que la sobrepoblación canina representa riesgos sanitarios y de seguridad para los turistas, citando incidentes de mordeduras ocurridos en 2025. Pese a reconocer que su gobierno no cuenta con protocolos definidos para atender desapariciones de animales comunitarios, afirmó estar dispuesto a asumir las consecuencias si se le comprueba alguna responsabilidad. Mientras tanto, los ciudadanos han solicitado la intervención de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del estado para esclarecer los hechos.
