En el Congreso local, las acusaciones entre la bancada de Acción Nacional y las de la dirigencia estatal de Morena volvieron a llevar a un punto muerto las negociaciones para restablecer el trabajo legislativo. Puede no solamente concederse que en ambas posturas hay razón suficiente como para abrir un amplio debate, sino, además, han aportado elementos para judicializar sus señalamientos, y que no se queden en el anecdotario de la grilla estéril. Sin embargo, ese es un escenario que difícilmente prosperará, porque a ninguno de los dos bandos le conviene, y quizá menos a los exalcaldes que hoy ocupan algún otro cargo.
Por un lado, los señalamientos de los blanquiazules sobre las presiones externas a los legisladores, provenientes de los ámbitos partidistas y gubernamentales, que socavan la libertad de los legisladores para decidir en conciencia y no por mandato ajeno, tienen mucho de razón. Antes de ser Morena, cuando eran PRD, ya resultaba muy complejo el acuerdo entre sus llamadas tribus y corrientes. Ahora que en lo nacional son gobierno y en lo estatal defienden y apoyan al régimen de Cuauhtémoc Blanco, menos han podido conciliar su diversidad de intereses.
Prueba de ello son las mismas reacciones de la dirigencia nacional morenista, a la falta de cohesión y liderazgo, que puso en segundo lugar (casi, casi, de florero) a Gerardo Ernesto Albarrán Cruz, cerró la puerta al diálogo y, sobre todo a la lucha interna, por la dirigencia estatal de su partido, para dejarla en manos de un delegado nacional, César Raúl Ojeda Zubieta, que ponga orden y rumbo, apegado a la línea de respaldar al gobernador y al gobierno federal.
Las acusaciones de que el PAN y sus aliados mienten son lo de menos. Difícilmente podríamos creer que en tanto políticos digan la verdad, unos y otros. Lo grave son los señalamientos de conflictos de interés y, en algunos casos, la desaparición de todas, sí, dijeron todas, las carpetas que presuntamente dan cuenta de las irregularidades en las cuentas públicas de los que ahora son legisladores. Lo negarán en público, pero para tapar los desvíos de recursos es que, ambos grupos, quieren el control de la entidad fiscalizadora. Y resulta todavía más grave porque todo esto significaría colusión de servidores públicos, ejercicio indebido y, en fin, una larga lista de actos de corrupción.
Por otro lado, sin mucho que perder políticamente y con la posibilidad de salir ganando en el río revuelto de las acusaciones mutuas, a Andrea (Andy) Gordillo y Oscar Cano Mondragón, representando al PAN, ya Morena los está identificando como las cabezas de los adversarios a vencer. Así, Francisco Sánchez Zavala y Agustín Alonso Gutiérrez no serían en esta historia líderes de la alianza, de los quizá ahora ya 13 diputados, sino manipuladores de la parálisis legislativa y de sus compañeros congresistas.
En todo este embrollo, por todos lados se nota a quienes no conviene resolver la parálisis legislativa. Los únicos temas que sí podrían verse resueltos son aquellos que podrían llevar a la destitución de los legisladores por mandato de la Suprema Corte. Yo creo que en eso sí pondrán atención, ya que afecta a sus intereses personales.
Y para iniciados
¿Se imagina usted qué sucedería en estos días si ya México no contara con instituciones autónomas e independientes del gobierno y todas las áreas de la actividad pública respondieran a las instrucciones del presidente? Periodistas, organizaciones civiles, defensores de Derechos Humanos, consejeros electorales y vaya usted a saber cuánta gente con ellos, ya estarían siendo exhibidos y procesados por órdenes del primer mandatario. AMLO dijo que ya no hay tiempo para llevar a cabo las reformas para desaparecer o modificar a esos organismos, pero en realidad lo que ya no tiene son ni los votos en el Congreso ni la credibilidad, suficientes, para reformar de nuevo la Constitución a su capricho.
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