El Instituto Nacional Electoral (INE) ha tenido que reconocer y enfrentar diversos focos rojos en la elección judicial programada para el próximo primero de junio. Ninguno de ellos sorprende. Habían sido ya pronosticados aun antes de la aprobación de la reforma constitucional. Hoy son una realidad.
A la de por sí complicada manera de votar para los ciudadanos, en boletas de nada sencilla ni rápida comprensión, los impedimentos reglamentarios para llevar a cabo las campañas electorales y la falta de mecanismos para garantizar un conteo expedito y efectivo de los sufragios, se suma otra lista para agravar la problemática de un primer ejercicio electivo, cada vez más cuestionado y menos legitimado.
Por un lado, la falta de filtros para impedir la inscripción de perfiles indeseables y hasta ilegales en los puestos de juzgadores. Dadas las lagunas en la reforma, tendrán que subsanarse cancelando candidaturas y reasignando las constancias de mayoría, pero ya después de haberse llevado a cabo la jornada electoral.
Por otro lado, la identificación de focos rojos de inseguridad en los centros de votación que podrían poner en riesgo a votantes y funcionarios de casilla. Será un asunto para las mesas de seguridad de los gobiernos estatales, a las cuales se han remitido los mapascorrespondientes a la preocupación por posibles intromisiones del crimen organizado.
Y, en un tercer frente, la masiva intentona de los partidos políticos, particularmente de los afines a la cuarta transformación, para registrar como observadores electorales a militantes y funcionarios públicos, legalmente impedidos para ello. Una forma más de torcer la ley, pues ya las autoridades electorales detectaron estas intenciones.
Mire usted: en la elección de 2024 se registraron alrededor de 25 mil observadores electorales. Para la judicial, hasta el momento, alrededor de 170 mil personas han solicitado su registro. ¿No le parece por lo menos raro que siete veces más individuos tomen la iniciativa de registrarse como observadores electorales? Ah, de esos, ya más de 32 mil fueron rechazados por constar su militancia partidaria o ser funcionarios públicos, en su mayoría relacionados con la operación y entrega de los programas sociales.
Quizá el INE vaya a poder detectar a muchos más y ojalá lo haga a tiempo. Nadie se cree el cuento de que son ciudadanos, independientes de los partidos y de los órganos de gobierno, preocupados por la correcta realización de las elecciones. No. Son el ejército de acarreadores electorales, cuyas instrucciones sobre por quiénes votar ya estarán definidas y hasta por escrito, con listas, ya ni de nombres, sino de colores de boletas y los númerosen las mismas.
Habrá quien otorgue todavía el beneficio de la duda, quizá por ignorancia, conveniencia o complicidad. Pero otros, conscientes de las realidades y los hechos, están confirmando el vaticinio del desastre y la simulación.
Y PARA INICIADOS:
Adán Augusto López Hernández no se cansa de llevar la contra, en algún sentido y momento, a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Efectivamente, regresó a comisiones el dictamen de la llamada Ley Censura y prometió que habrá un amplio diálogo al respecto, antes de volverla a votar. Sin embargo, cuando le preguntaron sobre si tendrá modificaciones, como lo sugirió Sheinbaum, simplemente dijo que no lo sabe, que ya lo verán. ¿Qué no se supone que ese es el objetivo de retirar temporalmente la iniciativa?
