Al cumplirse siete años del asesinato de Samir Flores Soberanes, en coincidencia con el inicio del juicio que busca resolver el crimen, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, junto al Consejo Nacional Indígena, CNI, y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, lanzaron una convocatoria internacional para las jornadas “Justicia para Samir y autodeterminación para los pueblos”. Del 19 al 22 de febrero de 2026, diversas organizaciones realizarán actos de protesta, murales y denuncias contra el extractivismo, recordando al comunicador indígena de Amilcingo como un símbolo de la resistencia frente al Proyecto Integral Morelos (PIM).
El juicio oral contra Javier “N”, presunto autor material del homicidio del activista Samir Flores, ha sido aplazado en varias ocasiones; la prórroga más reciente la decidió en marzo de 2025 un tribunal de enjuiciamiento del Centro de Justicia Penal Federal, debido a que la Fiscalía General de la República (FGR) no localizó a los testigos del caso. La siguiente audiencia está programa para el 16 de este mes.
Este caso ha presentado diversas irregularidades que han hecho crecer la desconfianza hacia las autoridades encargadas de esclarecer los hechos. Una de ellas fue la detención del presunto ejecutor a siete meses del crimen cuando se encontraba más de un año preso, de acuerdo con activistas, en la prisión de Cuautla. Ahí su cumplimentó la orden de aprehensión correspondiente.
La convocatoria sostiene una acusación directa contra una red narcopolítica que habría operado en el crimen. Los firmantes señalan como responsables o cómplices de esta estructura al expresidente Andrés Manuel López Obrador, al exgobernador Cuauhtémoc Blanco, al fiscal de Morelos Uriel Carmona, y a figuras como Hugo Erik Flores, Manuel Bartlett y el exgobernador Graco Ramírez. Afirman que el discurso de odio emitido desde el Ejecutivo días antes del asesinato fue la «sentencia de muerte» para el activista.
El documento también vincula a autoridades locales de Temoac con el crimen organizado. Se menciona específicamente al expresidente municipal Valentín Lavín, quien recientemente fue lesionado en un atentado, y a la extesorera Angelina «N», detenida por autoridades federales, presuntamente ligados a la célula criminal «Los Aparicio» y al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Según la denuncia, el asesinato de Samir favoreció directamente los intereses de empresas trasnacionales como Elecnor, Enagás y Macquarie, consolidando lo que definen como un «narcoestado» al servicio del capital extractivista.
Más allá del caso local, las jornadas buscan visibilizar una crisis de violencia que afecta a comunidades en todo México y el mundo. Las organizaciones denuncian la militarización en Michoacán, los ataques con drones en Santa María Ostula y la «guerra» contra las comunidades zapatistas. Condenan la estrategia de «narcotráfico/militarización/despojo» como una herramienta colonialista que, según el texto, es respaldada tanto por el gobierno mexicano como por potencias extranjeras.
Finalmente, las jornadas proponen una agenda de cuatro días que incluye el registro de víctimas de desaparición forzada, la creación de murales artísticos en honor a Samir y acciones directas contra megaproyectos. Los colectivos interesados tienen hasta el 10 de febrero para registrar sus actividades en el correo oficial del CNI, bajo la premisa de que «la justicia desde abajo solo se construirá con memoria, rebeldía y organización».
