A más de un año del feminicidio de Andrea Moran los familiares, colectivas, organizaciones civiles hacen un llamado de alerta y auxilio a la sociedad en general pero sobre todo a las autoridades correspondientes, para a que se investiguen con toda rigurosidad pertinente los casos de feminicidio en Morelos, ya que como señala la vasta documentación y datación literaria, este fenómeno no solo trasciende en quien lo perpetra sino también en cómo las estructuras estatales y jurídicas lo reproducen al existir un alto grado de tolerancia e impunidad.
Un ejemplo es el feminicidio de Andrea Morán, en el que a pesar de que se tiene conocimiento que su expareja César «N» se disfrazó de mujer para espiarla, hostigarla y terminar con su vida a unos metros de su casa, donde no conforme fue a su funeral como si no hubiera hecho nada, dio el pésame como si no supiera nada; así como, los feminicidios impunes de: Dulce Karina Bolaños Nietes, Teresa Vega Cuellar, Miriam Yazmin Díaz Hernández, Leslie Sabrina Calderón Ávalos, Ana Lilia González, Ana Karen Huicochea Garduño y Ana Luisa Garduño, en los que tampoco se ha logrado sentencia que dé un poco de tranquilidad y justicia a las familias y los más de 1050 feminicidios ocurridos en Morelos de 2010 a la fecha.
“Por lo que, en el marco de la violencia contra la mujer, instamos al gobierno del Estado y a sus organismos correspondientes a que adopten las medidas necesarias para la prevención, erradicación y atención de mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia. Haciendo énfasis en su proceder; puesto que como se ha documentado en gran parte de los casos no existe una implementación adecuada del Protocolo de Investigación del Delito de Feminicidio (acuerdo 46/2012, emitido desde el 04 de mayo de 2012). Acciones que han conllevado a una privación del derecho humano de las mujeres morelenses a una vida libre de violencia, así como el acceso a una justicia impartida con perspectiva de género.
“Por tal motivo hoy no solo hacemos un llamado de alerta para hacer expresa la importancia de escuchar las demandas sociales de miles de mujeres que exigen de las instituciones del Estado, una respuesta contundente para garantizar que la Procuraduría General de Justicia del Estado emita y ejerza el Protocolo de Investigación del Delito de Feminicidio para homologar y eficientizar los lineamientos para el éxito de las investigaciones de este tipo de delitos que se cometan en el Estado, con la finalidad de reducir esta forma extrema de violencia de género contra las mujeres, que es el feminicidio”.
