La batalla jurídica que habrá de determinar la viabilidad o rechazo al denominado Plan B ha entrado en un momento crucial: determinar la facultad constitucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para poder observarla.
La Presidencia de la República al anunciar que recurrirá la suspensión otorgada por el Ministro Javier Laynez Potisek, señala que se extralimitó en sus funciones porque en materia electoral no es procedente este recurso.
La Consejería Jurídica del gobierno federal subraya que el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su fracción 1, impide que se promuevan controversias constitucionales en el ámbito electoral.
Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
- De las controversias constitucionales que, sobre la constitucionalidad de las normas generales, actos u omisiones, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre:
Paralelamente, el diario Milenio, dio a conocer que tiene en su poder un proyecto de 78 páginas, en el que diputados de varios partidos señalan que buscan defender la autonomía y facultades de las autoridades y tribunales electorales ante la reforma y el llamado Plan B, a través de reformar cuatro artículos de la Constitución e imponer nuevos límites en sus decisiones y al momento de aprobar sentencias.
Entre las modificaciones se busca el tener más poder para definir sus candidaturas, sin tener que sujetarse a la obligatoriedad de la paridad, que se se ha impuesto a través de sentencias de la Sala Superior del Tribunal Electoral.
Por su parte Lorenzo Córdova, presidente consejero del Instituto Nacional Electoral, en su mensaje dominical emitido en redes sociales resumió en seis desafíos que superó el INE en los nueve años de su administración.
En 2014 al convertirse el IFE en INE, el reto fue instrumentar la reforma cuando hubo quien consideró que era imposible.
En 2015 se enfrentó el desafío del boicot de organizaciones sociales y magisteriales en contra de las elecciones.
En 2018 fue organizar las elecciones a pesar del “ambiente agudamente crispado y polarizado” y de “numerosas descalificaciones” en contra del INE.
En 2021 el logro fue garantizar la salud de los electores durante la pandemia de covid-19 en las elecciones intermedias, la realización de la consulta popular y más adelante, la organización de la revocación de mandato.
El quinto desafío fueron los graves recortes presupuestales, descalificaciones al INE, denuncias penales y hostigamiento en contra de los consejeros.
El sexto desafío es “la batalla jurídica que aún no concluye” en contra del llamado plan B por considerarse que pone en riesgo las capacidades institucionales de las que dependen las condiciones de certeza, legalidad, transparencia y credibilidad de las elecciones en nuestro país”.
Precisamente será un momento de definiciones y delimitaciones. El equilibrio que debe otorgar la división de poderes siempre ha estado en duda ante la fuerza Presidencial; en esta ocasión México tiene ante sí un gran desafío cuyo sustento debe ser nuestra carta magna.
