Sin ser un fenómeno exclusivo de México, las expresiones de abuso de poder son cotidianas, así como tema recurrente, no solo en los distintos medios de comunicación, sino de la narrativa social en cada sector y en cada zona del territorio nacional, a un grado tal, que pareciera haber diluido nuestra capacidad de asombro.
Ante esta realidad, es oportuno analizar el origen de dicha disfunción de la vida política en sociedad; y de cómo la perversión de uno de los más nobles preceptos de la humanidad –la democracia–, pudiera padecer calibraciones imperfectas que han dado paso a las serias dudas que ya desde la Politeia existían, en torno a los radicalismos de la democracia tendientes a la anarquía; pues, si no hay mayor poder en la democracia que el poder del pueblo, ¿es el pueblo responsable de los reiterados tropiezos e incluso retrocesos de nuestro sistema político, que entre tantos desatinos no ha logrado frenar contundentemente el abuso de poder?
La democracia, a pesar de sus imperfecciones, es el mayor logro sociopolítico con el que cuenta la ciudadanía; sin embargo, es preciso adicionar a esta ecuación el factor de la corresponsabilidad social y política de cada uno de quienes con nuestro voto, en reiteradas ocasiones, hemos dado paso a los mejores candidatos, atajando al mismo tiempo la oportunidad a mejores gobernantes.
Hasta hoy el pueblo de México, ha sido complaciente al elegir a sus representantes, displicencia que fenece al mismo minuto en que dichos gobernantes toman posesión del cargo, e instante en que muchos de ellos, comienzan su distanciamiento del noble precepto de mandar obedeciendo y, en cuanto al pueblo se le hace más fácil culpar de todo a los políticos, que reconocer su propia falta de corresponsabilidad.
Es por ello, que sin restar un ápice culpabilidad a cada persona servidora pública que se ha desviado del mandato legal de cumplir y hacer cumplir la ley, es momento de reconocer que la apatía y la falta de vinculación entre sociedad y gobierno, es sin pretenderlo, responsable indirecta de que dichas conductas se vuelvan reiterativas. Es ahí, donde radica la involuntaria responsabilidad colectiva como origen público del abuso de poder.
Cómo es posible que hayamos llegado al punto, en que como sociedad podamos permitir abusos en el ejercicio del poder, cuando es en nosotros como conglomerado social, en quienes reside la potestad de otorgar el poder político al Estado; cómo es posible que, tras generaciones de crecimiento y aprendizaje como nación, no logremos entender que muchos de nuestros problemas se deben a la inacción y desinterés de una inmensa mayoría muy dispuesta a expresar su exigencia, –legítima por supuesto–, de sus derechos y que, sin embargo, poco interés y apego tiene respecto a sus obligaciones y responsabilidades ciudadanas.
No existe la menor duda de que como país, como ciudadanía no podemos tolerar una sola expresión, un solo acto más de abuso de poder, pero también en ello, debemos en lo individual y en lo colectivo, retomar nuestra obligación cívica, asumir nuestra responsabilidad política y social de acotar el poder público, siendo más severos al otorgar la confianza a quienes habrán de representarnos, de gobernarnos, siendo contundentes al fijar la condición de que han de mandar obedeciendo, debemos trascender hacia una más rigurosa selección de autoridades, quienes en consecuencia habrán de guardar mayor apego a la norma, a los preceptos legales y constitucionales, cuidando que su actuar en el servicio público se sustente en un sensible y ético ejercicio del poder.
Es momento de atender al cordial, pero enérgico llamado a hacer imperar la razón, que impida atribuir al pueblo, el origen público del abuso de poder.
