A raíz de los hechos violentos en todo el país que atentan contra la integridad de las y los periodistas, defensoras y defensores de derechos humanos, el Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes (OVSGA) exigió al Gobierno del Estado que cumpla con su obligación de velar por salvaguardar la seguridad de quienes ejercen estas labores.
Específicamente en Aguascalientes hace algunos días, un comunicador utilizó su propio medio para difundir un mensaje que atenta contra la seguridad, intimidad y derechos humanos de la defensora Maricela Sánchez Muñoz, quien es sobreviviente de tortura y ha sido reconocida como víctima por organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y ONU Derechos Humanos.
Ella ha denunciado de manera reiterada con nombres y apellidos a quienes desde la Fiscalía General del Estado, entonces Procuraduría General de Justicia hace aproximadamente diez años estuvieron involucrados en la tortura y violación de los derechos humanos de alrededor de 300 personas, algunos de ellos todavía en funciones.
El responsable de la Procuraduría en Aguascalientes, en ese período en el que se señalaron los actos de tortura, era Felipe Muñoz Vázquez, sobre el caso la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la recomendación 17VG/2019. Este documento acreditó detenciones arbitrarias, actos de tortura y tratos crueles e inhumanos contra personas detenidas por parte de esta dependencia.
Durante diez años, Maricela Sánchez ha denunciado a los involucrados con los casos de tortura y ha defendido el derecho de las víctimas al acceso a la justicia, verdad y reparación integral del daño. Estas acciones le han valido ser víctima de hostigamiento, difamación, amenazas.
En el informe “Hasta perder el sentido” de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) sobre la práctica de la tortura y malos tratos en Aguascalientes entre 2010 y 2014 se hicieron una serie de recomendaciones y señalamientos al Gobierno de Aguascalientes.
A partir de estos señalamientos y desde la postura de la defensa de los derechos humanos, Mariana Avila Montejano, fundadora del Observatorio planteó tres exigencias concretas.
1.- Alto al hostigamiento y la violencia ejercida contra las defensoras y periodistas de Aguascalientes y aquellas que no se alinean a lo que quieren las autoridades respecto al acceso a la verdad y la justicia.
2.- Que las autoridades respondan y avancen en las investigaciones que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya señaló, las cuales involucran a autoridades y policías ministeriales en temas de desaparición. Además que se investiguen a los responsables que continúan activos.
3.-El comunicador (Rodolfo Franco) y los intereses de terceros que él representa, como alguno de sus abogados que aparecen señalados en las carpetas de investigación, la recomendación de la CNDH y el informe de la ONU, que se abstengan y detengan los hostigamientos a Maricela Sanchez.
Desde el Observatorio no se dará tregua a la lucha en la defensa de la integridad de periodistas y defensoras de derechos humanos en medio de este panorama violento y se le exigirá al Estado cumplir con sus obligaciones.
