Las relaciones entre políticos, funcionarios y representantes populares en Morelos con miembros de la delincuencia organizada han sido muy comentadas en privado y ventiladas esporádicamente en algunos, pero muy pocos, medios de comunicación. Hacían falta pruebas documentales y que se iniciaran procedimientos legales para señalarlos en forma contundente. Información que ya comienza a darse a conocer por los Guacamaya Leaks.
Los equipos de los medios de comunicación que ya tienen acceso a las carpetas digitales extraídas de los sistemas de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) por este grupo internacional de hackers empezaron a encontrar y difundir los reportes de connotados miembros de la vida pública en los diferentes estados de la federación, de quienes se presume forman parte o tienen vínculos con organizaciones delictivas.
Algunos en activo y otros ya retirados de la vida pública, los personajes señalados en el 2019 van desde el exgobernador, Graco Ramírez, el actual, Cuauhtémoc Blanco, miembros de sus gabinetes, diversos funcionarios, diputadas y diputados, así como presidentes municipales, entre los que se encuentran alcaldes que buscaron y ganaron su reelección en el 2021. Debe destacarse que no se abrieron carpetas de investigación que fueran judicializadas, o al menos no nos han dado a conocer, por el momento, nada al respecto.
Hace tiempo, fueron cuestionados unos cuantos de los hoy vueltos a mencionar. Declararon que no tenían relación con el crimen organizado ni nada que temer o esconder. Y que si alguien tenía pruebas que las presentara ante las autoridades, que estaban dispuestos a ser investigados y a colaborar para que su nombre quedara libre de sospechas.
Falta todavía mucho por saberse al respecto de los seguimientos de inteligencia y las medidas que haya o no tomado el gobierno federal, de lo que tendrían que dar explicaciones las fiscalías a nivel nacional y el presidente de la República. Aunque ya sabemos que lo más probable es que, por lo pronto, Andrés Manuel López Obrador y Gertz Manero, digan que sí se investigó y no encontraron evidencia suficiente para proceder legalmente, lo que no significa que no hayan utilizado discrecionalmente la información con fines políticos, como sucedió apenas hace unos días con los senadores priistas que cambiaron el sentido de su voto a favor de la permanencia de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública hasta marzo del 2028.
En el contexto de la ejecución de la diputada Gabriela Marín, las revelaciones de los Guacamaya Leaks, los escasos resultados en materia de combate a la inseguridad y a las actividades delictivas en Morelos, el diagnóstico es más que grave. Pero deberemos esperar sentados, porque las respuestas serán las mismas, si es que las hay. Mientras no haya denuncias y procesos legales seguiremos pensando que al parecer la estrategia de abrazos y no balazos no es sólo no enfrentarse, sino seleccionar a los grupos e individuos a los que se deja hacer y deshacer a su antojo, sin que nadie se meta con ellos.
Y para iniciados
Una preocupación, particularmente sobre Morelos, fue ventilada hoy en la madrugadora reunión de seguridad de Andrés Manuel López Obrador: la posibilidad de que los niveles de violencia se agraven, dados los conflictos de intereses ilegales que fueron puestos a la vista con nombres y apellidos. En este momento, ya se están agendando las reuniones de altos funcionarios para tratar esos temas y tirar la línea desde Palacio Nacional.
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