- El exedil de Cuernavaca, una regidora y un regidor fueron detenidos por presunto desvío de más de 9 millones de pesos
- Defensa legal presume que juez incurrió en un acto irregular al reclasificar el delito basándose en una reforma legal posterior al acto reclamado
El expresidente municipal de Cuernavaca Antonio Villalobos Adán, así como la exregidora Anayeli Rodriguez y el ex regidor Gerardo Enrique Güemes Manzo, fueron detenidos e ingresados al Centro de Reinserción Social de Morelos, situado en el poblado de Atlacholoaya, luego de que un juez de control dictara prisión preventiva por presuntamente incurrir en desvío de más de 9 millones de pesos de las arcas municipales.
Lo anterior, ocurrió tras una audiencia de control que arrancó con la sorpresiva ausencia del exalcalde debido a que sufrió un supuesto accidente automovilístico mientras iba en camino a los juzgados para enfrentar las imputaciones presentadas por la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción del Estado de Morelos.
Ante las supuestas lesiones provocadas por el accidente, Villalobos fue trasladado a un hospital privado.
La defensa legal, mostró al juez un vídeo – que circuló en redes sociales y medios de comunicación- donde se observa a Villalobos con collarín, en una camilla y con la ropa rasgada mientras es subido a una ambulancia.
En tanto, la Fiscalía Anticorrupción solicitó que Villobos fuera declarado sustraído de la ley.
El juez optó por declarar un receso y dar un plazo para que se acreditará el estado de salud del ex munícipe.
La audiencia fue reiniciada con la presencia física de la regidora y el regidor, mientras que Antonío la siguió a distancia.
El pasado viernes 23 de septiembre, la Fiscalía Anticorrupción imputó a la y los exservidores públicos por la distracción del dinero de las aportaciones que realizaron empleados del Sistema de Alcantarillado y Agua Potable de Cuernavaca (Sapac) al Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio delGobierno del Estado de Morelos.
No obstante, este miércoles, luego de las pruebas presentadas por el agente del Ministerio Público, el juez especializado de control, Edie Sandoval Lome, determinó reclasificar el delito.
En el caso de Villalobos Adán es acusado por el presunto delito de Ejercicio Abusivo de Funciones, derivado del desvío de más de 9 millones de pesos.
Mientras que, Rodriguez y Güemes Manzo, se determinó que presuntamente fueron omisos en el cumplimiento de sus funciones y no evitaron la afectación a los trabajadores, al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (Sapac) y al Instituto de Crédito Para los Trabajadores al Servicio del Gobierno de Morelos (ICTSGEM).
De acuerdo a informes de la Fiscalía Anticorrupción, entre las pruebas presentadas por el agente del Ministerio Público figuran 13 mil 709 recibos de trabajadores donde se evidenciaban los descuentos que les hacían, los cuales no fueron enterados al Instituto de Crédito.
Además, aseguró la dependencia, fueron exhibidos movimientos bancarios como prueba que respalda lo establecido en los recibos.
De acuerdo a la investigación relacionada con la causa penal JC/385/2022, sin motivo justificado, desde la primera quincena de enero de 2019 a la primera de octubre del mismo año, se retuvieron las cuotas generando una afectación de 9 millones 147 mil 482 pesos, de los cuales, 2 millones 284 mil 854 pesos son por recargos generados contra Sapac por no pagar las cuotas.
Por lo anterior el juez ordenó prisión preventiva contra el expresidente Francisco Antonio «N» y los dos ex regidores, estos últimos fueron ingresados de forma inmediata al penal de Atlacholoaya.
Más tarde, el juez autorizó a la Fiscalía Anticorrupción orden de aprehensión contra el exedil de Cuernavaca interno en el Hospital Morelos, tras un presunto accidente automovilístico; la orden se cumplimentó ya por la noche.
Defensa legal denunció actos irregulares por parte del juez.
“Los delitos no se configuran pero bajo su perspectiva consideró que se configuraba un delito mucho más grave, se trata del delito de ejercicio abusivo de su funciones y fue por el cual vinculó a proceso y de manera oficiosa impuso la prisión preventiva utilizando una reforma posterior al hecho, el hecho es del 2019 y la reforma es del 2021, hay muchas inconsistencias en la resolución”, dijo, Juan Cuellar, abogado de Anayeli.
Destacó: “existe una máxima constitucional que nos dice que no se puede aplicar de manera retroactiva en perjuicio de una persona una norma, eso lo establece la Constitución y en los Tratados Internacionales, es decir, esto va en contra de la Constitución lo que se hizo este día”.
El abogado, subrayó que en este caso, “no se está juzgando con los mismos métodos que al resto de las personas, es una cuestión totalmente irregular, se puede reclasificar el mismo hecho, puedo decir no es ejercicio ilícito, pero si hay otra figura que se encuadre en una omisión pero aquí encuadrar en una omisión donde tuvo que alterar el hecho, es decir, lo que resolvió no se debatió en la audiencia”.
Por ahora, la defensa analiza la posibilidad de apelar que ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) o recurrir al amparo indirecto ante un juez federal.
