Tras los recientes hechos violentos en Yecapixtla, donde sujetos fuertemente armados incursionaron durante un partido de fútbol y ametrallaron a varios de los asistentes, con saldo fatal de cinco personas asesinadas (entre ellas un ex presidente municipal de la misma localidad), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) envió el 3 de septiembre a alrededor de 60 soldados adscritos al Quinto Regimiento Mecanizado, y también fue desplegado un grupo de elementos de la Guardia Nacional (GN).
Lo anterior ocurrió en el contexto del debate parlamentario federal para transferir toda la operación de la Guardia Nacional a la Sedena. Sin tener los alcances de una reforma constitucional, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador turnó a la Cámara de Diputados una serie de reformas al marco legal de la GN, a fin de que pase de manera plena a ser operada por la Defensa Nacional, como de hecho lo está a partir de 2019. De manera bastante trompicada, el decreto presidencial fue aprobado ya en la Cámara de Diputados, pero falta el visto bueno del Senado. De cualquier forma, propios y extraños sabemos que la Guardia Nacional se rige bajo directrices de la Sedena. Esta es la realidad desde que esa corporación, la cual sustituyó a la extinta Policía Federal, fue creada bajo los auspicios de López Obrador.
Los morelenses ya nos acostumbramos a observar al esporádico patrullaje de la Guardia Nacional y algunos elementos del Ejército, acompañados también por elementos de la Comisión Estatal de Seguridad (CES). Las fuerzas federales, para evitar el quebranto de normas constitucionales, siempre van en segundo y tercer escalón, detrás de vehículos de la CES-Morelos. Sin embargo, también es verdad que la mayoría de las veces, los miembros de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano llegan a las escenas del crimen luego de que fueron perpetrados los ataques. Hemos visto a Guardias Nacionales y Soldados vigilando los cordones de seguridad, mientras trabajan los peritos de la Fiscalía General del Estado, o supliendo a los agentes de tránsito para evitar congestionamientos viales.
Por otro lado, siempre que se presenta un hecho grave como el de Yecapixtla, de inmediato saltan sobre la palestra pública los politiqueros, exigiendo el cambio del sistema estatal de seguridad y/o una mayor presencia de la Guardia Nacional y el Ejército. Esta es la parte de la seguridad a la cual denomino “securitización”, es decir, la politización de la seguridad pública. Más de un grillo salta y salta, esgrimiendo cualquier argumento, a fin de aprovechar las circunstancias. Eso es sacar raja política de un flagelo real.
Al comienzo de 2019 se llegó a mencionar que, por lo menos, en Morelos serían asentados entre mil 800 y 2 mil miembros de la Guardia Nacional, lo cual no ha ocurrido. La cifra de elementos activos ni siquiera llega a la mitad de esas cifras.
En este contexto creo necesario recordar lo expresado el 11 de octubre de 2019 por la entonces titular de la Secretaría de Gobernación, la hoy senadora de la República, Olga Sánchez Cordero, quien exigió a todos los gobernadores y alcaldes el fortalecimiento de las policías municipales y estatales, sobre todo en estados conflictivos, porque “de lo contrario, no habrá Guardia Nacional que alcance para atender la demanda social de seguridad”.
Allá y entonces, la presidenta de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, la morelense Juanita Guerra Mena, reconoció que los presidentes municipales son quienes tienen mayor proximidad con la ciudadanía, por lo que es importante brindar y garantizar seguridad a todos los ciudadanos.
Lo anterior, luego de que varios alcaldes morelenses acudieron a la Cámara de Diputados para solicitar que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 no se redujeran los montos que las comunas recibían como subsidio en materia de seguridad pública, pues el Proyecto del PEF contemplaba una disminución de 27 por ciento en ese rubro. Finalmente, aquello ocurrió y vino el recorte. La seguridad pública fue mandada a la goma.
He de recordar además lo que el 25 de septiembre de 2020 declaró el entonces secretario de Seguridad Pública y Ciudadana Federal, Alfonso Durazo Montaño (hoy gobernador de Sonora), en el sentido de que la Guardia Nacional “es solo un complemento dominante, pero no sustituye la responsabilidad de las instancias estatales y municipales”. Exigió, sobre todo a los ediles, no eludir la obligación de brindar seguridad en sus demarcaciones. Y concluyó diciendo que la llegada de la Guardia Nacional no es “para echarle bolita”, pues su función sería la de reforzar los esfuerzos estatales y municipales para garantizar la seguridad. Etcétera, etcétera.
La actual alharaca en torno a la Guardia Nacional y a la “militarización” del país solo servirá para quitar la máscara. A partir de ya, será público y notorio que es operada por la Secretaría de la Defensa Nacional. Pero, asimismo, seguirá el problema de fondo: las autoridades estatales y municipales no pueden contra la enorme cantidad de grupos criminales sin la ayuda del gobierno federal, a pesar de que la Guardia Nacional no es la panacea para resolver el fondo de la problemática.
