La noticia relacionada con la aprehensión de Jesús Murillo Karam, ex procurador general de la República, ha dado la vuelta al mundo. Esta es la primera vez en la historia nacional, en que un funcionario de ese calibre es encarcelado bajo varias acusaciones vinculadas a la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, Guerrero, acaecida el 27 de septiembre de 2014.
Habremos de ver la evolución del proceso penal en torno a Murillo Karam a quien, entre otros delitos, se señala de haber obstruido la justicia. Desde mi particular punto de vista, esto pudo ser cometido por dicho ex funcionario de la gestión presidencial de Enrique Peña Nieto, con el objetivo de encubrir a alguien, quizás adscrito a la Secretaría de la Defensa Nacional. Indudablemente, Murillo Karam pasará un largo tiempo en el bote, a la manera de Rosario Robles Berlanga, quien estuvo más de tres años presa, señalada de delitos contenidos en la denominada “Estafa Maestra”.
Para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ya terminó el “Caso Ayotzinapa”. El encargado de echarle la última palada fue Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación federal, quien sin tapujos y a nombre del gobierno de la República, manifestó que no hay indicios de los normalistas desaparecidos. Prácticamente dijo que están muertos, pero aún no se sabe a ciencia cierta quién o quiénes dieron la orden de desaparecerlos, lo cual nos lleva hacia la “pareja presidencial” de Iguala, Guerrero. Me refiero a José Luis Abarca Velázquez, expresidente municipal de dicha localidad, y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, ambos relacionados en el caso Ayotzinapa. Los dos están presos desde el 4 de noviembre de 2014, cuando fueron detenidos y sometidos a proceso penal, bajo acusaciones de haber dado órdenes a la policía de Iguala para asesinar a los normalistas. Esa corporación, a su vez, siempre ha sido vinculada con el grupo delincuencial Guerreros Unidos, cuyos centros de operaciones fueron municipios de la vecina entidad y de Morelos.
Hoy me referiré a varios hechos sucedidos en Morelos entre 2008 y 2009, en lo cual, de alguna forma u otra, saltaron los nombres de José Luis Abarca Velázquez y Guadalupe Pineda Villa. Abarca está recluido en el penal federal del Altiplano y Pineda Villa en la cárcel femenil de Coatlán del Río, Morelos. Vayamos, pues, a los precedentes.
El nunca bien ponderado y abatido Arturo Beltrán Leyva, señalado por la extinta PGR como uno de los principales líderes del cártel de Sinaloa, el 13 de mayo de 2008 escapó del acoso de policías federales tras una violenta persecución en la carretera federal Alpuyeca-Acapulco, cerca de Xoxocotla (Morelos). El operativo estuvo dirigido por el entonces coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal, Edgar Eusebio Millán, desde su centro de operaciones en Ciudad de México, quien, al terminar ese trabajo y llegar a su casa a descansar, fue asesinado por un sicario que (según difundieron varios diarios capitalinos) presuntamente había sido contratado por la gente de Beltrán Leyva, en represalia por los golpes que le había asestado al cártel en recientes decomisos de cocaína.
El 20 de octubre de 2008 fue detenido Reynaldo Zambada (“El Rey Zambada”), junto con 14 cómplices, acusado de controlar la importación de cocaína y precursores para la elaboración de metanfetaminas en el Valle de México. Cuatro días después fue ejecutado el subprocurador de Investigaciones Especializadas en Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de Justicia de Morelos, Andrés Dimitriadis Juárez, a quien se atribuía la ejecución de cinco investigaciones sobre delitos federales con alcances locales; una de ellas, supuestamente, se refería al homicidio de Edgar Eusebio Millán. Los hermanos Beltrán Leyva, a través de policías rasos adscritos a la Policía Metropolitana de Cuernavaca (presos), fueron autores intelectuales del homicidio.
Dentro de esta, que parecía una cadena eslabonada por un común denominador, llegamos al 6 de mayo de 2009 cuando, a menos de 100 metros de la Casa de Gobierno (hoy Residencia Oficial), agentes federales y militares desplegaron un operativo destinado a capturar a quien fue identificado como Alberto Pineda Villa, “El Borrado”, uno de los principales operadores de los Beltrán Leyva y hermano de Guadalupe Pineda Villa, esposa de José Luis Abarca, ex alcalde de Iguala.
El 15 de mayo de 2009, en Torre Morelos, sede de la actual Comisión Estatal de Seguridad Pública, fue detenido Luis Ángel Cabeza de Vaca, secretario de Seguridad Pública en los periodos de Estrada Cajigal y Adame, acusado de proteger al mismo cártel.
El 16 de diciembre de 2009 fue abatido Arturo Beltrán Leyva en el condominio Altitude de la colonia Lomas de la Selva de Cuernavaca. Llevaba alrededor de tres años residiendo ahí sin ser molestado. Algunos condóminos lo llamaban “Don Darío”. Y el 28 de marzo de 2011, su hermano Héctor Beltrán Leyva, alias “El H”, fue señalado de haber ordenado la ejecución de siete personas, entre ellos Juan Francisco Sicilia, hijo del poeta Javier Sicilia Zardaín.
Infortunadamente para Morelos, el crimen organizado que muchas ocasiones pactó con autoridades estatales y los gobernadores en turno “para mantener tranquila la plaza”, se desorganizó. A partir del abatimiento de Beltrán Leyva comenzaron a proliferar nuevos grupos o pandillas dedicadas a cometer algunos delitos de alto impacto y asaltos a mano armada. Y la historia alcanzó al ex procurador General de la República, Jesús Murillo Karam. Hoy traté de resumir parte de los antecedentes, pero abundan en los anales de la historia negra del país, en lo general, y de Morelos, en lo particular. Cuernavaca e Iguala, entrelazados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
