Hace algunos lustros conocí a una ingeniera químico farmacobióloga, egresada de la UNAM, con estudios de maestría y doctorado en instituciones mexicanas, Suiza y Alemania. Hoy está jubilada por conocido laboratorio trasnacional situado en la Ciudad Industrial del Valle de Cuernavaca (CIVAC), con ingreso mensual de alrededor de 100 mil pesos. Su salario, cuando otrora estaba adscrita al mismo consorcio, oscilaba entre los 90 y 110 mil pesos. ¿Qué función desempeñaba? Nada fácil con respecto a la fabricación de productos destinados a preservar la vida: el control de calidad.
Con ella se cumplió la antigua expresión mexicana: “¡Se quemó las pestañas estudiando!”. Gracias a su amplio conocimiento sobre la industria farmacéutica, frecuentemente la contratan para viajar al extranjero a impartir cursos y dictar conferencias. Es un ejemplo de capacidad científica y académica. Y aún así, jamás ha perdido su don de gentes, humanismo y humildad. Nunca, nunca ha asumido actitudes despóticas o prepotentes. Es todo lo contrario a los más connotados políticos y funcionarios mexicanos; sí, esos cuyos cargos aparecieron ayer en el listado presentado por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en la nueva sección de las conferencias de prensa mañaneras titulada “Quién es quién en los sueldos”. Desde mi particular punto de vista, esa lista es una de las más grandes ofensas propinadas al sufrido pueblo mexicano, hoy dañado salvajemente por la implacable inflación y el alza de precios en todos los productos de consumo básico.
No haré ningún análisis detallado sobre la cantidad de dinero que mes a mes se embolsan funcionarios del gobierno federal, el Senado de la República, la Cámara de Diputados y algunos organismos públicos autónomos. Las cantidades oscilan entre 130 y casi medio millón de pesos mensuales. Una mentada de madre a millones y millones de familias mexicanas, las cuales están esperanzadas al envío de remesas por parte de nuestros paisanos radicados en los Estados Unidos. Gracias a esos migrantes no hay hambruna y no se ha agravado la crisis financiera propiciada por un estado fallido.
El presidente se mofa de quienes perciben un salario superior al suyo, que es de 130 mil pesos al mes. Sin embargo, esa victimización es puro montaje, pues AMLO vive como rey en Palacio Nacional, disponiendo de todos los recursos del estado mexicano. Pero el 99 por ciento de la población nacional NUNCA percibirá ingresos semejantes. Mucho menos si el salario mínimo lo contrastamos con lo que en igual lapso se lleva un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: casi 490 mil pesos.
Los mexicanos reclaman austeridad y no ostentación, aunque al frente del Poder Ejecutivo Federal se encuentre Andrés Manuel López Obrador, quien a diario presume que “nosotros somos diferentes” y no se están enriqueciendo a costa del pueblo. Sin embargo, abundan los informes sobre la forma de vida de algunos distinguidos miembros de la Cuarta Transformación quienes, mínimo, se han comprado camionetas cuyos costos oscilan entre uno y tres millones de pesos (conservadoramente hablando). Algunos de esos vehículos cuentan con blindaje capaz de resistir cohetes, cotizada esa protección en varios cientos de miles de dólares.
Ningún mexicano ignora la existencia de remuneraciones excesivas y oprobiosas en todos los ámbitos de gobierno; sin desconocer los escandalosos salarios de servidores públicos (de suyo inútiles e ineptos), entre los que destacan funcionarios federales, gobernadores y presidentes municipales. Estos últimos perciben una remuneración a veces mayor a la del mismo gobernador del Estado, que es de 100 mil pesos. Esta grave situación se traduce en una sangría presupuestal al erario, por lo que se hace necesario un límite que equilibre tal desproporción y termine con el derroche vergonzoso de los recursos públicos.
Son parcialmente ilegales, porque una parte de los sueldos no está contemplada en el Presupuesto ni en una ley posterior como lo señala el artículo 126 constitucional; son inequitativas en virtud de que no existe un principio de igualdad horizontal que norme las asimetrías entre pares, como es el caso de diputados y senadores o bien, siendo actividades diferentes, la legislativa, la ejecutiva y la judicial, son iguales o parecidas por ser altamente relevantes para la nación, en virtud de que, en términos del artículo 49 constitucional, los tres poderes integran el Supremo Poder de la Federación; ninguno subordinado al otro. Sin embargo, son aún más inequitativas si se considera que estas remuneraciones incrementan la opulencia en algunos servidores públicos y la pobreza de millones de mexicanos, contrariando con ello la naturaleza de quienes poseen la investidura de servir al pueblo y no servirse de él.
Una reforma constitucional a fondo en materia de sueldos públicos serviría para que el ahorro que se obtenga de la reducción de las remuneraciones, sirva para atender aspectos abandonados que han profundizado la marginación de amplios sectores de México. Con esos recursos, por ejemplo, debe ser atendido el mejoramiento del sistema educativo nacional; el déficit histórico en la construcción de vivienda popular; canalizar prontamente recursos a las instituciones culturales del país, como escuelas de arte y cultura, que se encuentran en el abandono y la miseria absoluta; créditos a las pequeñas y medianas empresas, así como subsidios especiales para hacerlas competitivas frente al escenario de la globalización y la pandemia; mejorar con prontitud el sistema de salud pública, entre otros asuntos, tan indispensables como la construcción de caminos y vías de comunicación, o bien, el fortalecimiento inmediato de las instituciones de investigación nacionales y estatales. ¿Es mucho pedir? Yo creo que sí.
