En los últimos años los gobiernos, han intentado implementar políticas públicas que garanticen el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, pero los esfuerzos no han dado los resultados esperados.
Al día de hoy, no se tiene certeza de la entrega de los recursos por parte de CONAVIM a los refugios o centros externos de atención, misma que tuvo que realizarse 30 días hábiles posteriores a la firma del convenio de transferencia de recursos.
Fue en la Sesión de la comisión permanente del miércoles 20 de julio, donde la diputada por Morelos Jessica Ortega, presentó un punto de acuerdo por el que solicita que de manera ágil y directa se transfieran los recursos provenientes del “Programa de apoyo para refugios especializados para mujeres víctimas de violencia de género, sus hijas e hijos”.
La diputada, secretaria de la Mesa Directiva, señaló que, al día de hoy, no se tiene certeza de la entrega de los recursos por parte de CONAVIM a los refugios o centros externos de atención, misma que tuvo que haberse realizado 30 días hábiles posteriores a la firma del convenio de transferencia de recursos, por lo que urge que sean trasferidos, ya que dichos centros son lugares fundamentales para proteger a las mujeres y a sus hijos e hijas de las violencias.
Por otra parte, Jessica Ortega enfatizó en que el delito de violencia familiar presentó un aumento del entre 2019 y 2020. Dicho delito impactó en mayor medida a las mujeres al encontrarse en compañía de sus agresores en el hogar. Así mismo, se denunciaron a integrantes familiares por abuso sexual, violación, acoso sexual y hostigamiento sexual. Por lo que ante estas alarmantes cifras es urgente que se tengan los recursos para atender a las víctimas de violencia.
Es importante señalar que, de acuerdo a la Ley General de Acceso de la Mujeres a una Vida Libre de Violencia, dichos refugios deberán prestar a las víctimas y, en su caso, a sus hijas e hijos los servicios especializados y gratuitos de Hospedaje, alimentación, vestido y calzado, servicio médico, asesoría jurídica, apoyo psicológico, programas reeducativos integrales, capacitación laboral y bolsa de trabajo.
Finalmente, Ortega de la Cruz, mencionó que en los últimos años los gobiernos, en sus tres niveles, han intentado implementar políticas públicas que garanticen el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, pero los esfuerzos no han dado los resultados esperados y las violencias persisten en la cotidianidad y evita que las mujeres nos desarrollemos plenamente en sociedad, por lo que urge que se transfieran los recursos, así como seguir implementando políticas públicas funcionales para proteger a las mujeres, niñas y adolescentes.
