Desde que Media Video e Irradia Noticias hicieron públicas las deficiencias, carencias y negligencias que prevalecen en el sector salud del estado de Morelos, los titulares de la secretaría y de los servicios de salud, Marco Antonio Cantú Cuevas y Héctor Barón Olivares, respectivamente, están en el ojo del huracán.
Todo comenzó con las evidencias sobre la falta de mantenimiento a los elevadores del Hospital José G. Parres, que derivó en una investigación periodística de nuestro compañero Marco Vallejo, misma que dio como resultado un reportaje sobre las pésimas condiciones de infraestructura, las laborales, del personal en general, y la falta de insumos para desempeñar sus tareas, en una forma mínimamente digna.
El reportaje fue retomado por medios de comunicación nacionales y fue mucho más allá, pues comenzó a saberse de las observaciones por el uso y destino del presupuesto federal, de más de mil millones de pesos, la falta de transparencia y opacidad, y el desdén de la autoridad, que se empeñaba en hacer como si no pasara nada y todo estuviera en orden.
Ante las evidencias, el gobierno estatal encabezado por Cuauhtémoc Blanco comenzó a difundir, a través de comunicados de prensa, las acciones que se supone corregirían y fortalecerían al sector, mientras la presidenta de la comisión de salud del Congreso local, Andy Gordillo, tomó el asunto para profundizar en el estudio de la problemática y la búsqueda de soluciones.
El tamaño del escándalo y del daño patrimonial podría ser tan grande que tiene muy asustados a los funcionarios involucrados. Y no porque los casos de corrupción en el sector salud sean un tema nuevo, sino porque podría ser la primera vez que quedaran expuestos en toda su magnitud y llevaran al procesamiento judicial de los responsables, comenzando por Barón Olivares, pero que también podrían llegar a Cantú y a Blanco o a gente muy cercana a él, que es la que ha acercado y negociado con empresas proveedoras de bienes y servicios.
El capítulo más reciente de este entramado fue la infantil excusa del titular de los servicios de salud para no presentarse a rendir cuentas ante el Congreso, aduciendo que el citatorio no fue entregado en su oficina directamente, aunque la realidad es que si se hubiese presentado no habría podido responder a los cuestionamientos de los legisladores ni con mediana credibilidad, lo que se traduciría en el establecimiento de procedimientos y auditorías que llevarían a más de uno al banquillo de los acusados.
La Contraloría estatal, los órganos de control internos, comisarías y cuanto funcionario de medio pelo han estado involucrados o bien han sido unos ineptos y no han servido para nada o bien han sido cómplices. No encuentro otra manera de explicar el muladar en que han convertido a los servicios de salud de la entidad.
Y para iniciados
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tardará, al menos, un par de meses para resolver la disputa por la curul asignada al partido Progresa. Unos apuestan porque prevalezca el criterio de la paridad de género y sea regresada a Roberto Yáñez Moreno. Otros, que se imponga la prelación y la supuesta calidad indígena de Gabriela Sánchez Marín. Sin embargo, existe una tercera posibilidad: que el máximo tribunal electoral determine que el proceso de integración de la LV Legislatura concluyó con la toma de protesta de los entonces 20 legisladores, y ambas decisiones, la de dar la diputación a Yáñez y luego a Sánchez son incorrectas. Por lo tanto, determine que el Congreso deberá quedar conformado por 19 curules para el resto del trienio, quedándose fuera ambos querellantes. Aunque para eso hace falta que alguien con legítimo interés jurídico haga llegar el argumento a la mesa de los magistrados. Sería sólo una vez más de las muchísimas que el tribunal federal corrige al local, una raya más al inepto tigre. Ya veremos.
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