¿Qué se logró, sobre todo a favor del pueblo morelense, con casi un año de conflictos al interior del Congreso local? ¿Realmente hubo un saldo positivo para nuestra sociedad con la división de dos grupos de diputadas y diputados, denominados G-11 (a veces G-12) y G-8 (a veces G-9)? Hago estas preguntas, porque el denominado “gran pacto político” alcanzado este miércoles por dicho cuerpo colegiado, se modificará dentro de dos meses y fracción, porque, según lo establece la reglamentación respectiva, la actual composición de los órganos de control del Congreso cambiará a partir del último día de agosto próximo.
Este miércoles, entre otras cosas, se confirmó a la diputada morenista Paola Cruz Torres como presidenta de la Junta Política que, a partir del primero de septiembre venidero, será sustituida por el legislador Oscar Cano Mondragón, del grupo parlamentario del PAN. Asimismo, el priísta Eliasib Polanco Saldívar, convertido ya en coordinador de la bancada tricolor, tendrá un sitio en dicha Junta Política, al igual que Roberto Yáñez Moreno, con el carácter de representante del Partido Morelos Progresa. Recuérdese que su finado tío, don Juan José Yáñez Vázquez, entró como diputado plurinominal de Morelos Progresa, pero después engrosó el GPPRI. Ahora las cosas “vuelven a la normalidad”, aunque Yáñez Moreno repita hasta el fastidio que es representante de la comunidad de diversidad sexual con el sello de diputado plurinominal. La realidad es que fue Eliasib Polanco Saldívar, junto con el presidente de la Mesa Directiva, el panista Paco Sánchez Zavala, quien le abrió paso hacia su flamante curul. Entró a la de a huevo. Yáñez será cancerbero de Polanco.
Pero, a estas alturas del juego, Paola Cruz Torres ni suda, ni se acongoja, pues su gestión al frente de la Junta, repito, terminará el último minuto del miércoles 31 de agosto. Además, durante casi nueve meses ha enfrentado un delicado proceso de embarazo y puedo asegurarles a ustedes que la prioridad de la diputada cuautlense es preservar su vida y la de su bebé. Cualquier mujer haría lo mismo, dejando en un segundo plano las pugnas estériles como las que propios y extraños hemos visto en el Congreso.
Notaron ustedes que líneas atrás mencioné dos grupos de diputados: el G-11, que a veces es G-12, y el G-8, que en ocasiones pasa a ser G-9. Ello se debe a la ambivalencia y conveniencia del diputado de Morena, Arturo Pérez Flores, quien, de una vez por todas, debería definir con quién está: si con melón o con sandía, o con la vieja del otro día. Debe dejar atrás su calidad de diputado “bisagra”, pues esa inconsistencia convenenciera lo está proyectando como un tránsfuga de la política. Es caliente o frío, pero no puede ser tibio. Es Morenista o no, pero no puede ser una mezcla de morenista-priísta-panista. No puede ser. Proviene de una raigambre de hombres y mujeres con gran convicción y su hermano Sergio Pérez Flores, en el Senado de la República, ha demostrado al ciento por ciento su filiación con Morena, sin brincar de un grupo parlamentario a otro. Aguas. Aún hay tiempo para restablecer la imagen dañada. Arturo Pérez Flores debe definirse por uno u otro grupo. Es así de simple.
Habremos de esperar para confirmar si los acuerdos “históricos” alcanzados este miércoles no son simple llamarada de petate, aunque nosotros (los comunicadores) ya estamos acostumbrados desde hace décadas a ver repetidas las traiciones, a los tránsfugas brincando de bancada en bancada, al golpe bajo, al quebranto de acuerdos y, obviamente, a la defraudación de la representatividad social. Las diputadas y diputados son en el Congreso representantes de instituciones de interés social, según lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero siempre, SIEMPRE, hemos visto la forma en que los ínclitos integrantes del Congreso local cometen lo que pudiera configurarse como el delito del fraude político. Es decir: defraudan al electorado.
A nuestros ínclitos legisladores les faltan tres cosas:
Ubicación, sentido del deber y ética personal. Esto quiere decir que el actor debe centrarse en que su cargo es temporal, no es un privilegio, no es un feudo, no lo hace impune y, en cambio, le obliga a responder a su partido, es verdad, pero, ante todo, al electorado que votó por él y que lo llevó al parlamento local o federal.
Preparación, capacitación, evaluación y seguimiento de su actuación. Lo anterior significa que los legisladores mexicanos deberían tener, por razones obvias, un nivel de escolaridad mínimo para ejercer sus funciones.
Sentido de la representación. Hay legisladores que fueron electos por el principio de mayoría, es decir, que tuvieron que hacer campañas proselitistas y recorrer un distrito, estado o región para empaparse de sus problemas –si no es que ya lo estaban–, o bien, para reencontrarse con aquellas personas que ya los conocían, e identificarse con el público con quien no habían tenido ningún trato. Pero, respecto al caso de algunos de los actuales diputados morelenses, se sienten todopoderosos repitiendo las actitudes caciquiles y despóticas que les caracterizaron siendo presidentes municipales. Asimismo, no han regresado a “sus” regiones. En el caso de los plurinominales, ni hablar: les importa un comino la gente que vive en sitios remotos de Morelos. Ni los de mayoría, ni los de representación proporcional cumplen a cabalidad el sentido de la representación.
