Es grave cuando la corrupción y la impunidad se conjugan, ya que ambos elementos se transforman en patrones estructurales de violaciones a los derechos humanos; sin embargo, se debe seguir combatiendo no solo para mitigarlos o disminuirlos, sino para erradicarlos. Pero ¿Si se elevaran las sanciones, se terminaría con la impunidad y corrupción?
Queda claro que mientras no se sancione a los responsables de actos de impunidad y corrupción, se convierten en incentivos para que los infractores continúen cometiendo los mismos actos de corrupción. Lo cierto es también que la impunidad impacta en la comisión de nuevos actos de corrupción, los cuales crean severas violaciones a los derechos humanos.
Pero, qué es la corrupción, de acuerdo al Banco Mundial la define como el abuso del poder público para el beneficio propio. Por otra parte, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas define a la impunidad como “la inexistencia, de hecho o de derecho, de responsabilidad penal por parte de los autores de violaciones, así como de responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria, porque escapan a toda investigación con miras a su inculpación, detención y procesamiento”; en otras palabras, se puede citar como la ausencia de sanción frente a una conducta ilegal.
Pues bien, la impunidad y la corrupción agravia sin duda a los Derechos Humanos que de acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 se infiere que son el conjunto de derechos para las personas y obligaciones para el Estado, que se encuentran establecidos en todo ese marco normativo.
Finalmente se puede concluir que mientras persistan la impunidad y la corrupción, de nada serviría el elevar las penas para los que comentan estos ilícitos, razón por la que se insistiría que la respuesta debe ser integral y de corresponsabilidad en la sociedad, pues como dice el dicho que, “tanto peca el que mata la vaca, como el que le jala la pata”.
