En un primer momento, las denuncias presentadas contra el gobernador, Cuauhtémoc Blanco Bravo, cuentan ya con elementos suficientes como para que la Fiscalía Anticorrupción haya solicitado el juicio de procedencia, también conocido como juicio político, a fin de ser llevado ante las instancias judiciales.
Aunque hay más carpetas de investigación abiertas y, a reserva de que proceda su judicialización, los delitos de los que se le acusa en suma hacen todo un caudal de señalamientos. A saber: enriquecimiento ilícito, ejercicio indebido de la función pública, falsedad de declaraciones y otros que podrían incluir a más funcionarios de su administración.
De acuerdo con la Constitución y las leyes locales, para que el gobernador pueda ser enjuiciado durante el periodo de su encargo debe llevarse a cabo en el Congreso estatal el procedimiento denominado juicio de procedencia, que básicamente consiste en que los legisladores le quiten el fuero, es decir, la protección legal.
En un segundo momento, como todas las decisiones importantes en el Congreso, todo depende de procedimientos y de la cantidad de votos. Por eso, al gobernador ya le habrán comentado sus cercanos que no se preocupe, que mientras dure en su cargo hay forma de que se atoren los procedimientos o bien que no se logren los votos necesarios para quitarle el fuero.
Algo así como sucedió en su momento en el caso de Marco Zapotitla Becerro, quien con la complicidad de una parte de los anteriores legisladores mantuvo su fuero durante toda la legislatura. Sin embargo, una vez sin la protección del fuero, fue aprehendido, puesto en prisión y sometido a juicio.
Otros apuestan porque los diputados hagan lo que para ellos es lo correcto, es decir, que junten los votos suficientes para retirarle el fuero a Blanco Bravo. Sin embargo, esa es una posibilidad muy remota, ya que depende del propio presidente de la República, pues es él y solamente él quien dicta la última palabra sobre lo que harán los diputados morenistas, en quienes recaerá la responsabilidad de votar a favor o en contra.
¿Qué si los diputados morenistas se puedan rebelar? Yo lo dudo. Incluso hasta podrían acelerar la incorporación del Cuau a las filas de Morena, para darle mayor protección política. Recibirlo con bombo y platillo. Así como Andrés Manuel puede insistir en que confía en él y que lo está haciendo muy bien.
Aun con todo el peso de la protección oficial, habrá un tercer momento: cuando haya concluido su periodo como gobernador. La misma ley dice que si los delitos subsisten, entonces ya podría ser procesado sin necesidad de juicio político. Hasta dónde vaya a haber consecuencias por las ilegalidades cometidas en esta administración, no lo sabremos pronto, pero de que puede haberlas, las puede haber.
Y para iniciados
Alicia Vázquez Luna tomó la decisión correcta: procurar un bien superior y, por lo tanto, no actuar contra las mujeres manifestantes. Sin embargo, en su conjunto, comenzando por el alcalde, José Luis Urióstegui, las autoridades municipales deberán tener claro que, si ya tienen cerradas políticamente las puertas de la federación y las del gobierno estatal, la peor decisión sería cerrarse las de la sociedad civil. Las pintas, marchas o plantones son nada en comparación con la violencia vicaria, o la violencia contra las mujeres ¿no cree usted?
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