Sin duda, la pandemia del COVID 19 que estamos enfrentando aceleró la implementación de las herramientas digitales en nuestra vida con el objeto de no detener la actividad cotidiana en todos los aspectos. De lo anterior, no se puede soslayar la necesidad de contar con herramientas que permitan impartir justicia digital integral y sustancial en todos los poderes judiciales de las entidades federativas y del propio Poder Judicial de la Federación. Luego entonces, ¿Se considera urgente la implementación de la Justicia Digital Integral para brindar un mejor Estado de Derecho?
Como hecho notorio, durante la pandemia la mayor parte de los poderes judiciales tuvieron que cerrar o en su caso restringir las actividades inherentes, y en consecuencia afectar la atención de los usuarios y justiciables. En algunas entidades como es el caso de Morelos, se suspendieron actividades completamente y también se implementó un control de asistencia a través del aforo de litigantes con un portal electrónico de citas.
En ese sentido, la falta de normativa, en particular en materia civil y familiar, ha sido una de las principales limitaciones que han tenido los poderes judiciales. La tardanza o demora del Congreso de la Unión para legislar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares ha producido obstrucción; es decir, que si éste no se aprueba, los estados del país no tienen autorización para reformar y armonizar en su caso sus códigos locales respectivos. En consecuencia, cualquier herramienta digital implementada en asuntos relacionados con estas materias podría correr el riesgo de ser impugnada.
De acuerdo con la organización México Evalúa, que es un centro de pensamiento y análisis que se enfoca en la evaluación y el monitoreo de la operación gubernamental para elevar la calidad de sus resultados; se informó que en abril de 2020 se identificaron a 13 poderes judiciales que contaban con un expediente electrónico; hoy son 23 y uno que está desarrollándose. Por otro lado, a inicios de 2020 sólo se encontraron cinco poderes judiciales que contaban con una plataforma que ofrecía la posibilidad de presentar demandas o promociones de manera remota y uno que estaba desarrollándolo. Hasta el 2021 solo 14 poderes judiciales cuentan con esta herramienta, dos la están desarrollando y otros dos habilitaron correos para recibir demandas y promociones.
Es muy importante que la prevención sea sustancial en los poderes judiciales del país, para no paralizar la administración de justicia y se afecte a los justiciables por no contar con las herramientas digitales para tal fin, además de la falta de capacitación de los mismos. No hay que perder de vista que la digitalización de los servicios públicos en el mundo globalizado es una realidad y no podemos quedarnos rezagados en el rubro de la impartición de la justicia.
