“Hemos comenzado las gestiones y trabajos necesarios para mejorar las condiciones de las áreas de detención y arresto, así como el juzgado cívico, aseguró Marisol Becerra de la Fuente, al reunirse con el presidente de este organismo, Israel Hernández, con quien se comprometió a solventar las observaciones derivadas de la Supervisión de Centros de Arresto y Retención (SCAR 2020).
Como se recordará, el pasado 9 de septiembre se presentaron los resultados del SCAR 2020, en cuya evaluación el Municipio de Cuernavaca resultó el más bajo de los 36 que conforman el Estado, con una calificación promedio de 3.3.
Por esa razón, el presidente de la CDHM, al sostener que la labor de la Comisión no tiene por objeto señalar y acusar a las instituciones por sus deficiencias, sino mostrar las condiciones reales para mejorar de manera significativa y a través de políticas públicas, programas y/o acciones, la atención y la forma en que se brindan los servicios a la ciudadanía en general, en el marco del respecto de los derechos humanos. “No se trata de confrontar, sino de mejorar”, dijo.
Y continuó diciendo que “la labor de la CDHM es investigar, señalar y desde luego alcanzar soluciones. Por eso resulta satisfactorio este acercamiento el cual nos confirma que el trabajo no ha sido en vano, y que hay autoridades en Morelos con la visión necesaria para aceptar las observaciones, para mejorar su labor frente a la sociedad”.
Por su parte, la síndica municipal de Cuernavaca, manifestó que derivado del SCAR 2020, el ayuntamiento capitalino cambiará las instalaciones de su centro de arresto, así como el juzgado cívico, que actualmente se encuentra en las inmediaciones del mercado Adolfo López Mateos, hacia una área más digna, en mejores condiciones y en una zona de mayor acceso, que en breve darán a conocer a la ciudadanía en general, de modo que con ello se puedan resarcir muchas de las fallas detectadas en el SCAR.
Además pidió al ombudsperson, el acompañamiento de la CDHM en todos los trabajos de lo que serán las nuevas instalaciones del Centro de Arresto y el Juzgado Cívico, para garantizar que todo se haga con una clara perspectiva de derechos humanos.
En términos generales, el SCAR considera cinco derechos esenciales a evaluar: Derecho a recibir un trato humano y digno; Derecho a la legalidad y seguridad jurídica; Derecho a la protección de la salud; Derecho a la integridad personal y; Derechos de los grupos en situación de vulnerabilidad. Todo eso, a la luz de cuatro aspectos evaluables: estancia digna, medidas para salvaguardar la integridad de la persona recluida; debido proceso; y Medidas para Covid-19.
