Con todo y el por lo menos sospechoso -si no es que cómplice- modo de proceder de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), las observaciones sobre la cuenta pública del 2020 rebasan los 63 mil millones de pesos que tendrían que ser, según cada caso, explicados, justificados o regresados y deberían llevar a proceso y sanción a quienes resulten responsables de los daños al erario.
De ese tamaño es la corrupción o ineficiencia, oficialmente reconocida por la ASF, aunque negada por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien asegura ya no se permite la corrupción en su gobierno, pero que detectó David Colmenares Páramo en la última entrega de su informe a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados.
Es en el rubro de desarrollo económico donde más anomalías se identificaron, por casi 12 mil millones de pesos, pero también las hay en paraestatales por más de 1,670 millones, en el desarrollo social, por 6,900 millones, en el sector salud, por 2,700, en Bienestar por 1,116 y en Educación, por 1,086 millones de pesos.
Por supuesto que AMLO interpretará estos resultados como positivos, como un avance en la lucha contra la corrupción, esa que neciamente afirma ya no se permite en su gobierno, pero que cada vez queda más documentada y evidenciada, con todo y que las auditorías y estudios se practicaron mayormente, por ahí del 74%, al gasto federalizado, es decir, a los recursos que se transfirieron a estados y municipios y sólo 26% a las instituciones del gobierno central.
Ello se traduce en un porcentaje similar de anomalías detectadas que hoy los periódicos destacan con títulos como “la mayoría de las anomalías en gasto de gobiernos estatales y municipales”, y que servirán para desviar la atención del problema más grave: la persistencia de altos niveles de corrupción e ineficiencia administrativa en el actual gobierno.
Encima de eso, las auditorías se concentraron en las partidas con mayores asignaciones presupuestales, dejando sin revisarse muchas, pero muchas partidas menores, asignaciones y gasto directo, muy discrecional, sin licitaciones, que en su conjunto podrían revelar multimillonarios desfalcos más, tráfico de influencias y una larga serie de delitos que quedarán en la más completa impunidad.
Si a eso sumamos las irregularidades en las cuentas entregadas por el Insabi, la Beneficencia Pública, Iner, Cenaprece y otras tenemos un gran conjunto de instituciones que no cumplieron con las disposiciones legales y normativas para el uso de los recursos públicos. Anomalías millonarias en la gestión de la pandemia de COVID-19, en torno a los pagos a personal, ventiladores mecánicos y hasta en mascarillas KN95. Ya ni hablemos de las irregularidades en las obras de Santa Lucía, por ahí de 20 mil millones no reportados por la Sedena, Dos Bocas, con pagos indebidos por casi 60 millones y el Tren Maya, con 1,300 millones por sobrecostos, gastos no reportados e indemnizaciones injustificadas.
Ahora viene el periodo que los funcionarios responsables tendrán para aclarar esas observaciones. Y ya veremos si de verdad hacen algo, porque 60 mil millones no deberían quedar así, volando, como si nada.
Y para iniciados
Con este caso del informe de la ASF, ¿se da cuenta usted de la importancia de la entidad de Auditoría y Fiscalización local (ESAF)? ¿Lo estratégica que resulta para saber de los desfalcos cometidos o bien para maquillarlos o esconderlos? La fiscalización es un tema serio, que puede tener consecuencias legales y políticas de largo alcance, por eso todos los involucrados quieren tenerla bajo su control, como AMLO tiene a la de la Federación.
La información es PODER!!!
