La preocupación por lo que sucede en el Congreso es un asunto serio. La parálisis legislativa no trae nada bueno para el pueblo, pero sí deja al ejecutivo en posibilidades de seguir manejando las cosas como hasta hoy, o sea, de manera muy discrecional y opaca.
Si usted se ha preguntado cómo es que funcionan los acuerdos para la toma de decisiones en los órganos parlamentarios y ha pensado que más allá de los consensos pesan las presiones y los chantajes, está en lo cierto. Claro que las condiciones bajo las que se producen y las personas que los operan son fundamentales para entender el proceso.
No se espante, así funciona la política y específicamente la política parlamentaria. Esto ha sido ampliamente estudiado y documentado. Todo comienza por la integración de los congresos, que se deriva de los resultados electorales. Si por el voto de los ciudadanos un partido obtiene la mayoría suficiente como para no poner nada a negociación así lo hará, como sucedió en el periodo hegemónico del PRI. Otra opción es que las coaliciones legislativas permitan el control de las decisiones al partido mayoritario y a sus aliados, como sucedió en la legislatura de los primeros tres años del gobierno cuatritransformista.
Si un partido o una coalición es capaz de hacer mayoría, lo hará, será una aplanadora legislativa. El debate, las presiones y los chantajes se harán al interior del grupo parlamentario de que se trate, porque jamás dejará de haber intereses en juego, que involucren a una u otra parte. Y ya dependerá del control que tengan los partidos sobre sus legisladores qué tanto es necesario negociar o si basta con lo que denominamos “mandato imperativo”, es decir, que los legisladores se alineen con las posturas y decisiones de su partido, independientemente de su perspectiva y conciencia personales.
En la legislación mexicana está formalmente prohibido el mandato imperativo en los congresos. En teoría cada legislador es libre de votar como lo decida. Pero en la realidad es tan raro que esto suceda que incluso se vuelve noticia cuando un legislador no vota igual que su partido y, además, las consecuencias políticas que se le vienen encima.
Pero lo más grave sucede cuando ninguno de los partidos logra encabezar una coalición legislativa estable y mayoritaria. Las coaliciones legislativas en la actual y la anterior legislatura local no lo han logrado. La anterior llegó hasta el exceso de cometer violaciones a la Constitución local, que permanecerán en la más completa impunidad, pero que al menos, la nueva legislatura ya no puede repetir.
El partido en el gobierno no logró ganar ni una sola diputación de mayoría, pero Cuauhtémoc Blanco tiene una plurinominal y el respaldo de otros partidos, particularmente, Morena. Ocho votos, suficientes para impedir que la oposición se imponga en las decisiones más importantes. En realidad, al gobierno le conviene más la parálisis legislativa que las negociaciones, que ceder y conceder.
Pero a quienes no conviene políticamente el estancamiento legislativo es a los habitantes de Morelos en general, a los sectores que en específico se vean afectados por la falta de acuerdos y a los propios legisladores, cuyo discurso de convocatoria al diálogo para avanzar a favor del Estado, pronto quedará desgastado junto con la imagen del Legislativo. Qué presiones y chantajes puedan ocurrir, en qué cederán unos y otros. Ahí está el tema, si no están dispuestos a negociar seguirá la parálisis legislativa.
Y para iniciados
Ya se le salió de control al presidente López Obrador el escándalo sobre la incongruencia de su discurso de austeridad con la realidad en su entorno cercano. Ahora resulta que su hijo afirma ser empleado de una empresa registrada en el 2018 en Estados Unidos, propiedad de los hijos de uno de los empresarios más cercanos a AMLO, que funge como supervisor honorario del Tren Maya. El tema de los juniors ya lo traen periodistas de investigación en el vecino país y es muy probable que en breve se sigan evidenciando las falsedades cual bola de nieve.
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