El Congreso del Estado expidió el 5 de abril de 1989 el acuerdo que creó la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Morelos (CEDH), teóricamente como un organismo autónomo de participación ciudadana y acción interinstitucional para fomentar el respeto a las garantías individuales constitucionales en nuestra entidad.
El organismo donde radica el “Ombudsperson” morelense nació con supuestas atribuciones para ventilar las denuncias ciudadanas y darles el seguimiento adecuado hacia la restitución de los derechos afectados por quienes, hasta el día de hoy, abusan del poder público.
Hoy en día la institución se llama Comisión de Derechos Humanos de Morelos (CDHM).
Una de las principales facultades de la CDHM, hasta donde su propia ley le permite, es hacer recomendaciones a dependencias públicas estatales vinculadas con dichas garantías cuando éstas hayan sido vulneradas.
Empero, la CDHM no cumple como debiera con sus objetivos originales debido, entre otros factores, a la falta de presupuesto, mientras muchas de las recomendaciones duermen el sueño de los justos en ciertos ámbitos de la administración pública estatal y municipal cuyos titulares se inmunizaron ante lo que consideran “intromisiones” externas.
Asimismo, las recomendaciones no tienen carácter vinculatorio, pero sí un componente político, dependiendo del asunto abordado. Los funcionarios, la mayoría de las veces, aceptan las resoluciones de la Comisión, pero hasta ahí. Muchísimas veces no ocurre absolutamente nada.
Por otro lado, durante la existencia del “Ombudsperson” morelense la sociedad ha constatado la forma en que la elección de consejeros de la CDHM se lleva a cabo como si se tratara de un botín a repartirse entre los grupos parlamentarios del Congreso.
Cuando se creó la Comisión en 1989 por iniciativa del gobernador Antonio Riva Palacio hubo consenso para imprimirle un sello “ciudadanizado” mediante la designación de Carlos Celis Salazar, gran rector de la UAEM de 1970 a 1976.
Ese brillante personaje fue el primer “Ombudsman” de Morelos y su designación fue por demás aplaudida pues se trataba de un personaje ilustre en la entidad. Empero, Riva Palacio metió las manos en la institución y colocó al secretario técnico y al resto de consejeros. Eran tiempos de la plena intromisión del gobernante en turno en todos los asuntos oficiales. La CDHM no era a plenitud un organismo público descentralizado y dependía de la Secretaría de Gobierno.
Aquellas eran épocas pletóricas de simulación y escaso nivel de respuesta frente a la acumulación de violaciones a los derechos humanos, escenario aún prevaleciente en gran medida en la actualidad.
Eran tiempos, como dice la doctora Magdalena Aguilar Cuevas en su libro “El Defensor del Ciudadano” (UNAM y Comisión Nacional de Derechos Humanos, 1991, página 16), donde la gente se preguntaba: “¿Contra quién se puede protestar? ¿A quién, en dónde, se puede pedir justicia? Son cosas, al parecer, insignificantes. ¿Quién ha de salvar al ciudadano de las multas indebidas, de los recibos recargados, de los contratos que no se cumplen? ¿En dónde está el remedio para esos burocráticos plazos que se eternizan en la solicitud de cualquier trámite? Son derrames biliares que a diario sufre el hombre de la calle, que se convierten en verdaderos crímenes perfectos porque en tanto el ciudadano sufre, el funcionario o el empleado se ríen”.
Ese escenario no ha cambiado sustancialmente, pues si bien el ciudadano no tiene a quien dirigirse en tales circunstancias, los más organizados recurren a métodos heterodoxos como son plantones en el zócalo, bloqueos de carreteras, cierre de puentes internacionales, marchas, caravanas hacia los centros administrativos, huelgas de hambre.
Esos son los más organizados, y otros que no se pueden organizar se quedan frustrados sin poder expresarse, trayendo como consecuencia la falta de credibilidad en el gobierno.
Así las cosas, este viernes 10 de diciembre, en la explanada del Congreso local, la CDHM entregará el Premio Estatal de Derechos Humanos “Lic. Carlos Celis Salazar”. Estaremos atentos y después diremos.
