Cada día nos enteramos que crece el índice de violencia familiar en los núcleos de familia, es un tema preocupante ante la evidencia de las estadísticas de violencia en el seno familiar; en consecuencia, afecta al tejido social y se incrementa la responsabilidad respectiva de la impartición de justicia. En razón del número alarmante de casos de violencia familiar, violación, abuso sexual contra menores y adolescentes, resulta oportuna la siguiente interrogante ¿Existe alguna ley que los proteja?
Desde luego, existen los códigos civiles y la tipificación en los códigos penales del delito de violencia familiar; razón por la cual, también la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha emitido un protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren niñas, niños y adolescentes.
Es vital, para que en una sociedad se viva en armonía, que los infantes y adolecentes estén protegidos, asimismo tengan la garantía de la protección de un estado de derecho y de una impartición de justicia pronta y expedita, motivo por el cual ya se cuenta con protocolos que brindan orientaciones útiles, para ofrecer de esta manera, una adecuada atención a este grupo vulnerable de la población.
Por ello, es importante también mencionar que, el protocolo en comento cuenta con una compilación del derecho internacional especializado y vinculante para el Estado mexicano. Por tal razón, estos marcos de derecho internacional, son los que dan sustento a la aplicación del citado protocolo.
Existen dos tipos de razones que fundamentan la elaboración de un protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren niñas, niños y adolescentes. El primero cuenta principalmente con el marco constitucional y las obligaciones del Estado que se derivan del mismo; el segundo con las características específicas de la infancia y adolescencia que nos llevan a verlos como personas diferentes de los adultos y que requieren de una atención especializada.
Finalmente, más allá de que la justicia se aplique, debemos tomar conciencia que, como adultos, debemos actuar con respeto y sobre todo vigilar el entorno de estas personas vulnerables; además, actuar ante las autoridades competentes para que ningún caso quede impune ante esta desbordada violencia contra los niños y adolescentes.
