El 21 de mayo de 2008 fueron ejecutados Víctor Enrique Payán Anaya, entonces director operativo de la Policía Ministerial del Estado, y su escolta Terry Meléndez. Los cuerpos de ambos agentes aparecieron “encajuelados” en un vehículo Volkswagen Pointer a la altura del kilómetro 44 de la autopista México-Cuernavaca, con huellas de tortura y el tiro de gracia. Algo que llamó la atención de las autoridades de la otrora Procuraduría General de Justicia, generando preocupación en los altos mandos ministeriales y los comandantes de todas las corporaciones responsabilizadas de investigar y prevenir los delitos contra la salud, fue un “narcomensaje” cuyo texto decía lo siguiente: “Así van a quedar todos los que estén con ‘El Chapo’ y el ‘Rey Zambada’”.
Un día después del asesinato, el entonces procurador Francisco Coronato admitió que Payán participaba en indagatorias para dar con el paradero de Arturo Beltrán Leyva, señalado por la PGR como uno de los principales líderes del cártel de Sinaloa y quien, el 13 de mayo de 2008, había escapado del acoso de policías federales tras una violenta persecución en la carretera federal Alpuyeca-Acapulco, cerca de Xoxocotla (Morelos). El operativo estuvo dirigido por el coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal, Edgar Eusebio Millán, desde su centro de operaciones en el DF, quien, al terminar ese trabajo y llegar a su casa a descansar, fue asesinado por un sicario que (según difundieron varios diarios capitalinos) presuntamente había sido contratado por la gente de Beltrán Leyva, en represalia por los golpes que le había asestado al cártel en recientes decomisos de cocaína.
El 20 de octubre de 2008 fue detenido Reynaldo Zambada (“El Rey Zambada”), junto con 14 cómplices, acusado de controlar la importación de cocaína y precursores para la elaboración de metanfetaminas en el Valle de México. Cuatro días después fue ejecutado el subprocurador de Investigaciones Especializadas en Delincuencia Organizada de la Procuraduría morelense, Andrés Dimitriadis Juárez, a quien se atribuía la realización de cinco investigaciones sobre delitos federales con alcances locales; una de ellas, supuestamente, se refería al homicidio de Edgar Eusebio Millán. Los hermanos Beltrán Leyva, a través de policías rasos adscritos a la Policía Metropolitana de Cuernavaca (presos), fueron autores intelectuales del homicidio.
Dentro de esta, que parecía una cadena eslabonada por un común denominador, llegamos al 6 de mayo de 2009 cuando, a menos de 100 metros de la Casa de Gobierno (hoy Residencia Oficial), agentes federales y militares desplegaron un operativo destinado a capturar a quien fue identificado como Alberto Pineda Villa, “El Borrado”, uno de los principales operadores de los Beltrán Leyva.
El 15 de mayo de 2009, en Torre Morelos, sede de la actual Comisión Estatal de Seguridad Pública, fue detenido Luis Ángel Cabeza de Vaca, secretario de Seguridad Pública en los periodos de Estrada Cajigal y Adame, acusado de proteger al mismo cártel.
El 16 de diciembre del mismo año fue abatido Arturo Beltrán Leyva en el condominio Altitude. Llevaba alrededor de tres años residiendo ahí sin ser molestado. Algunos condóminos lo llamaban “Don Darío”. Y el 28 de marzo de 2011, su hermano Héctor Beltrán Leyva, alias “El H”, fue señalado de haber ordenado la ejecución de siete personas, entre ellos Juan Francisco Sicilia, hijo del poeta Javier Sicilia Zardaín.
Infortunadamente para Morelos, el crimen organizado que muchas ocasiones pactó con autoridades estatales y los gobernadores en turno “para mantener tranquila la plaza”, se desorganizó. A partir del abatimiento de Beltrán Leyva comenzaron a proliferar nuevos grupos o pandillas dedicadas a cometer algunos delitos de alto impacto y asaltos a mano armada.
Uno de no más de 10 personas, autodenominado “Cártel del Pacífico Sur” (CPS), que estaba al servicio de “El H” (encabezado por Julio de Jesús Radilla Hernández), fue el que victimó a Juan Francisco Sicilia y seis personas más (el 28 de marzo de 2011) en una casa de la colonia “Las Fincas” de Jiutepec. Gracias a la presión social, el gobierno federal logró la captura de “El Negro” Radilla y varios de sus cómplices, quienes cumplen sus respectivas condenas.
Propios y extraños conocieron la forma en que Cabeza de Vaca pactó con los Beltrán Leyva para enfrentar y hasta abatir a secuestradores, violadores, extorsionadores y asaltantes, a cambio de que se les permitiera vivir y efectuar sus operaciones de narcotráfico en Morelos sin ser molestados. Hoy, al parecer, no existen más tales complicidades. Sin embargo, para los tres órdenes de gobierno el descontrol de la violencia sigue siendo el reto a vencer, la mayor vulnerabilidad. Es insoslayable que mantengan una firme lucha contra hampones provenientes de otras entidades, en lo que se conoce como “efecto cucaracha”.
Hoy se habla respecto a la existencia de al menos 10 grupos criminales que se disputan “la plaza” de Morelos. El viernes 8 de octubre, al comparecer ante el Congreso del estado, el titular de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), José Antonio Ortiz Guarneros, declaró que en Morelos operan 10 grupos criminales, entre los cuales se encuentran Guerreros Unidos, Los Colombianos, Los Rojos, Los Aparicio, el Comando Tlahuica y Los Maya.
