Andrés Manuel López Obrador se ufana de que su gobierno no pacta con delincuentes, lo mismo que Gertz Manero, al respecto de la fiscalía que encabeza. Sin embargo, sí pactaron con Lozoya, delincuentazo de cuello blanco. Hasta arriba, es decir, hasta Enrique Peña Nieto no han llegado las investigaciones, o al menos nada que se sepa. Y por lo que toca a Lozoya, no está imputado formalmente de ningún delito, sino libre, bajo un pacto de colaboración con el gobierno de la autodenominada cuarta transformación. El escándalo de Lozoya ha despertado nuevas dudas sobre cómo es que procede el gobierno de AMLO y la fiscalía, en la ley autónoma, pero en la práctica a las órdenes del presidente.
En México y en los países donde se da cierto seguimiento al caso en el que Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, delincuente confeso, ahora testigo colaborador, se tenía una impresión equivocada. Luego de ser vídeocaptado y exhibido en redes sociales, Lozoya, el ícono de la corrupción del gobierno de Peña Nieto, la oficina de Gertz Manero tuvo que aclarar que no se encuentra en arraigo domiciliario, sino en libertad y que solamente le pidieron que no abandonara la Ciudad de México. Argumentan que su caso continúa, sigue bajo proceso de investigación.
No hay mucha diferencia en la manera en la que trata los casos la fiscalía en la actualidad y lo que la antes Procuraduría hacia con los señalados de corrupción, salvo en el caso de Lozoya. A su arribo al país eran conducidos frente a un juez, ya bien para hacer efectivos los procedimientos establecidos por la ley, quien era el responsable de determinar si el caso ameritaba prisión preventiva o arraigo domiciliario, porque el que el individuo fuera a ser sometido a proceso ya estaba suficientemente documentado. Con Emilio Lozoya no fue así, las autoridades sirvieron de transporte privado, de lujo, para llevarlo directo a su domicilio. Un servicio de taxi verdaderamente exclusivo.
Antes, era más regular darnos cuenta de la inoperatividad de las autoridades, por supuesto que, por consigna presidencial, con el objeto de mantener en la impunidad a los acusados y a sus cómplices, o bien ver que todo el peso de la ley, si no la prisión preventiva, al menos el arraigo, caía sobre los inculpados de haber defraudado o corrompido en el ejercicio de gobierno. De cualquier manera, también se trataba de la simulación del Estado de Derecho.
Hoy, la diferencia estriba no en que se esté luchando en forma efectiva contra la corrupción, sino en que el propio presidente está involucrado en el manejo mediático de los casos, para aparentar que se vive en un Estado de Derecho. Más que una provocación, un acto inmoral, como comentó López Obrador sobre la reunión en que Lozoya fue visto, disfrutando de un restaurante de lujo, es una burla para las autoridades, una muy mala señal para los mexicanos que esperan justicia y la evidencia de que los contubernios entre delincuentes y gobierno no son cosa del pasado.
Fuera máscaras, ha pedido López Obrador. Entonces reconozcan que sí pactaron con Lozoya y se están usando mutuamente. Las declaraciones de AMLO, ante la evidencia, no suenan más que a demagogia.
Y para iniciados
Para dar risa la preocupación de la consejería jurídica del gobierno de Morelos, por las actividades y declaraciones de un individuo de nombre Rodolfo Archundia Franco, quien ha venido ganando notoriedad pública al asumirse como el muy próximo sucesor del gobernador. Este personaje ha venido diciendo que así será y ha puesto en distintas ocasiones hasta fechas para el relevo. La inocencia del consejero jurídico, Samuel Sotelo Salgado, y de quienes lo hayan convencido de tomar el caso en serio, es enternecedoramente patética. Como se dicen entre ellos, mejor ya pónganse a trabajar.
¡Que tenga un excelente fin de semana!
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