Bajo el argumento de tener la pretensión de “desestabilizar al estado” y “generar falsas expectativas” el consejero Juridico del Gobierno de Morelos, Samuel Sotelo, presentó denuncia de hechos en contra de Rodolfo Archundia “por la probable actualización de conductas delictivas previstas y sancionadas en la legislación penal local”.
El boletín ditribuido por Comucicación Social de Morelos menciona la publicación de la colega Verónica Bacaz, quien refiere que Rodolfo Archundia promete trabajo por ser próximo sucesor de Cuauhtémoc Blanco; en el mismo, la periodista alerta en no entregarle dinero ante la falsedad de sus declaraciones.
Irradia Noticias tiene conocimiento de varias convocatorias que este sujeto ha emitido para reunirse, principalmente con mujeres.
Mediante el grupo de facebook “Cuaulta Ciudad con Derechos” en noviembre de 2019 buscó a varias personas; se presenta como presidente de una fundación cuya finalidad es trabajar con mujeres para empodaerarlas, se dice secretario general de un sindicato, además se ostenta como funcionario federal.
Algunos medios de comunicación lo refieren como Secretario General del Sindicato Revolucionario de Trabajadores de la Industria y Transporte; en alguna de sus declaraciones comprometió que “ayudaría a las autoridades a reactivar la economía y la seguridad de los transportistas del estado”.
Para el 10 de julio de 2021, el Ing. Rodolfo Archundia Franco, circuló una invitación para una “convicencia familiar” en el Centro de Convenciones Arecas, en Cuernavaca; la cuota de recuperación fue de $300 pesos por persona. A las personas que no acudieron las dio de baja de un grupo de WhatsApp “Equipo Unido” que él mismo había habilitado para mantener abierta comunicación.
En varias de las invitaciones y reuniones que ha realizado, en efecto se dice sucesor del actual Gobernador; menciona a un Magistrado del Tribunal Superior de Justicia a quien nombrará en la Secretaría de Gobierno.
La Consejería Jurídica -se aclara en el Comunicado- consideró que las conductas denunciadas pueden ser consideradas merecedoras de reproche penal al ser promotoras de inestabilidad social y difusoras de afirmaciones tergiversadas respecto de la persona titular del Poder Ejecutivo Estatal, lesionando no tan sólo su imagen en lo particular sino, más grave aún, difundiendo hacia la población en general concepciones equivocadas del quehacer gubernamental, lo que conlleva a la inestabilidad social y política del Estado.
