En enero de 2002, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) declaró como “zona ingobernable” al municipio morelense de Huitzilac. ¿Por qué?
El 21 del mismo mes y año escribí lo siguiente sobre el mismo tema:
“La problemática general de Huitzilac se vincula a la polarización entre grupos y la explotación indiscriminada de las dos principales actividades económicas: la tala de bosques y la extracción de tierra de monte, ambas ilegales. A pesar de la ‘regulación’ de las autoridades federales y las constantes advertencias de la Procuraduría General de la República (PGR), sigue implacable el corte clandestino de árboles. Lo anterior causó un grave daño al corredor ecológico Ajusco-Chichinautzin (decretado como área nacional protegida el 30 de noviembre de 1988), consistente en modificación del entorno por desecación, deforestación, construcción de caminos, crecimiento poblacional, erosión, abatimiento de manantiales, extracción ilegal de flora, fauna silvestre y tierra; caza furtiva, ganaderización, incendios provocados, cambios de uso del suelo, presión en el uso del mismo por los elevados precios derivados de las actividades de bienes raíces, etcétera”.
Y agregué:
“Es importante señalar la tercera actividad económica, también ilegal, y que provoca conflictos agrarios y políticos: el tráfico con predios comunales en un contexto social cuya mayoría son comuneros. Este problema empezó en 1954. Legalmente están reconocidos 8 fraccionamientos, pero en total existen 27, todos irregulares. De la venta de predios comunales se han derivado infinidad de enfrentamientos por el control de la Representación de Bienes Comunales, cuyos últimos presidentes también han usufructuado la tala clandestina, la extracción de tierra y la expedición de documentos sobre terrenos. El tráfico de constancias de posesión y demás documentos apócrifos es constante. En torno a la tala de árboles, extracción de tierra y cambio de uso del suelo por la urbanización hay graves perjuicios en Huerto de San Pedro, Monte Bello, San José de la Montaña, Guayacahuatla, Atlixtac, Coajomulco, Tres Marías, Cruz del Marques, Fierro del Toro y Huitzilac”.
Desde luego, la impunidad yacía en el fondo de la grave problemática, perdurable hasta hoy.
Pero existen otros antecedentes que explican el escenario actual.
El 27 de marzo 2005 escribí lo siguiente:
“Los asesinatos empiezan a formar parte de la vida cotidiana en Huitzilac. Desde hace un mes ronda el fantasma de la violencia en la localidad, que tiene como antecedente las venganzas entre familias identificadas por sus nexos con la delincuencia organizada”.
Para que los lectores comprendieran la agudización de la violencia a principios de 2005, cité los hechos ocurridos cuando Samuel Santa María Hinojosa fue alcalde durante el trienio 1991-1993, después de presidir el Comisariado de Bienes Comunales.
En aquel periodo surgió Francisco Meza García desempeñándose como juez de paz, quien posteriormente fue nombrado dirigente municipal del Movimiento Territorial del PRI. En 1994 fue candidato a la alcaldía, pero perdió ante el perredista Ignacio García, y en 1997 buscó la candidatura siendo vencido por el también priísta José Luis Aguilar.
Inconforme por lo anterior Meza García renunció al PRI y se inscribió en el Partido Civilista Morelense. Compitió en las elecciones de 1997, pero tampoco ganó. El 17 de mayo de 1999, aprovechando una asamblea de comuneros donde mostró documentos que probaban desviaciones presupuestales del todavía alcalde José Luis Aguilar, provocó la toma del Palacio Municipal.
El 2 de junio Meza y su gente repelieron a quienes intentaron recuperar el inmueble propiciándose un enfrentamiento a balazos donde murieron los hermanos Luis y Rubén Rodríguez Flores, ambos victimados por los hermanos Pedro y Oscar Hinojosa y Antonio Dávila García, los tres vinculados a la venta ilegal de terrenos comunales y la tala clandestina. El trío huyó de Huitzilac, donde no se pararon durante mucho tiempo.
Sin embargo, al comenzar 2005, en pleno centro de Huitzilac, apareció el cadáver de Oscar Hinojosa victimado a balazos. Los diarios locales dijeron que se trataba de un albañil.
El homicidio tuvo relación con el de su hijo Arturo Hinojosa Acosta, acribillado con rifles AK-47 frente al Palacio Municipal. Sin embargo, la obvia revancha no concluyó ahí, pues un día después fue localizado otro cuerpo en la carretera federal a Toluca, cerca de Zempoala: el de Alejandro Rodríguez Rojas, cuyo cadáver estaba calcinado. Era hijo de Rubén Rodríguez Flores, uno de los dos asesinados el 2 de junio de 1999 en la balacera frente al Palacio Municipal. Cabe subrayar que Pedro, Oscar y Arturo Hinojosa eran parientes de Gerardo Arizmendi, a quien durante varios lustros se ligó con la tala clandestina y el saqueo de tierra de monte.
Cuando redactamos la columna del 27 de marzo de 2005, alrededor de 100 personas se dedicaban al saqueo de madera y por lo menos 50 a la extracción de tierra, cuyos ingresos semanales oscilaban entre cinco y 200 mil pesos.
Según informes oficiales, varios de los explotadores ilegales del bosque estuvieron ligados a la política local: Isidro Rodríguez Flores, ex regidor y hermano de las dos personas asesinadas en 1999 en el intento por retomar el Palacio Municipal; Gabino y Rodolfo Romero Castillo, Ricardo Romero Delgadillo, Alfredo Segura, Servando y Esperanza Rojas Dávila, ex regidora del Ayuntamiento y viuda de Rubén Rodríguez Flores, uno de los dos muertos mencionados (ex director de la Policía Municipal); y el padre de éste, Pablo Rodríguez Nava, originario de Guerrero.
Para colmo de males, el dominio de la comunidad por determinados grupos a través de las armas siempre ha estado vinculado a hechos criminales como el tráfico de drogas, el desmantelamiento de automóviles robados y el secuestro. El tema siempre es abordado con temor y sin datos precisos, pero es un secreto a voces. Así, no es difícil entender la inseguridad prevaleciente en la carretera federal Huitzilac-Zempoala-Estado de México.
