El fracaso de la política de seguridad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y de los gobernadores, con las muy contadas excepciones de entidades donde al menos no han crecido los índices delictivos, tiene sumida a la población mexicana en general en un clima de intimidación por parte del crimen organizado. No sólo sienten miedo los propietarios de negocios, sino sus empleados y los consumidores. Eso es vivir en un clima de terror, de miedo y angustia.
En las décadas de los ochenta y noventa los gobiernos priistas tenían mucho miedo a que se popularizaran términos como el del terrorismo y la ingobernabilidad. Los tentáculos de la investidura presidencial, a través del entonces Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) llegaban a todos los ámbitos en los que se advirtiera algún tipo de riesgo por el uso de estos conceptos.
Tanto así que incluso las iniciativas de ley que serían presentadas en cualquiera de las cámaras del Congreso de la Unión pasaban por el escrutinio y la censura de los agentes del CISEN, de los más preparados, claro, no de los gorilas que enviaban disfrazados de jornaleros para espiar en los mítines políticos. Y esas dos palabras estaban vetadas del lenguaje oficial. Poco se supo de los artefactos explosivos que detonaron en una plaza comercial de la hoy Ciudad de México -como en otros lugares- y de los movimientos sociales que miraban hacia el desconocimiento del régimen, promoviendo la sublevación popular. Unos, terrorismo y, los otros, ingobernabilidad, fueron ocultados hasta donde pudieron.
Poco se gana con el reconocimiento del gobernador de Guanajuato y del presidente de la República de que la bomba, envuelta en una caja para regalo de cumpleaños, que cobró la vida en un instante de dos personas y dejó lesionadas a otras cuatro, en un negocio que venía siendo víctima de extorsión, es un acto de terrorismo. Así lo es, en efecto, porque tiene como propósito infundir miedo, intimidar a la sociedad, que de suyo es lo que define al terrorismo, aunque no necesariamente persiga un fin político, ya que hay varios tipos de terrorismo y el que usan las corporaciones criminales, ya es reconocido como tal.
Los abrazos y no balazos, los llamados a que las mamás y las abuelitas regañen a los maleantes para que corrijan el camino y se aparten de la ruta del mal, nada más no han funcionado. Y no es porque las abuelitas sean conspiradoras y conservadoras que apuesten a la debacle del régimen progresista, negándose, por tanto, a contribuir a la seguridad con los jalones de orejas y sermones sobre la moral cristiana. Es porque la estrategia no funciona. No funcionó la de los gobiernos anteriores y ésta, tampoco lo hace.
Y para iniciados
Juan Jesús Salazar Núñez, fiscal anticorrupción, podría dejar al descubierto la protección que pudieran haber recibido el hoy gobernador de Morelos y personas de su círculo cercano, por parte del mismísimo presidente de la República, quien sin mayor investigación dio por cerrado el llamado caso primavera, sin dar explicaciones, más que un “no se encontraron delitos”, que sonó a carpetazo por orden presidencial. De comprobarse la comisión de los delitos, a partir de la denuncia de Enrique Paredes Sotelo, no solamente Cuauhtémoc tendría que dejar de ser gobernador, sino ameritaría prisión preventiva. Como que ya vamos entendiendo para qué tanta cercanía con la secretaría de Gobernación… y con Sheinbaum.
¡Que tenga un excelente día!
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