El escenario financiero de Cuernavaca se repite a lo largo y ancho de Morelos.
Tal como lo mandata la Constitución Política de Morelos, los 20 miembros del Congreso local o la Legislatura 56, como guste usted llamarle, se encuentran dedicados al reajuste del poder interno, es decir, en la instalación de infinidad de comisiones legislativas a través de las cuales se canalizarían iniciativas, puntos de acuerdo, actividades de gestoría, búsqueda de soluciones a los agravios sociales del estado, etcétera. Aunque la mayoría de esas comisiones no cumplen a cabalidad el marco constitucional, absorbiendo cuantiosos recursos públicos, sus nuevos miembros, tanto diputados, como múltiples buscachambas ya adheridos a la ubre parlamentaria (el que menos cobrará se embolsará alrededor de 20 mil pesos mensuales), se proyectan felices, exponiendo catálogos de buenos deseos.
Uno de ellos tiene relación con la cada vez más cercana recepción, análisis, debate, aprobación o rechazo, si es necesario, de los proyectos de leyes de ingresos y presupuestos de egresos municipales. Algunos alcaldes y ciertos diputados que son ex ediles, han dicho que esta es la “legislatura municipalista”. Otros, con mayor reserva, solo lo expresan como un deseo más, sabedores de que el horno no está para bollos. Todos los municipios, sin excepción, se enfrentan a la parálisis con respecto a la creación de nueva infraestructura, simple y sencillamente porque no tienen ingresos suficientes. Y los que existen, están comprometidos para pagar laudos laborales o saldar antiguos adeudos municipales, incluidos los créditos e intereses adquiridos por anteriores administraciones. Se le denomina “deuda histórica”.
Desconozco cómo le esté haciendo el Ayuntamiento de Cuernavaca para atender las afectaciones causadas en días recientes por las fuertes lluvias, como son enormes hoyos y hasta socavones, verbigracia el que apareció este lunes en una importante avenida de la colonia Lomas de Ahuatlán; pero solo hasta que disminuya el temporal se sabrá la magnitud de la realidad. Eso precisamente le espera al alcalde electo José Luis Urióstegui Salgado, quien tomará posesión el 1 de enero de 2022. A estas alturas de la transición política, ya deben comenzarse a escuchar el crujir de dientes y los dolores de parto en el equipo del próximo presidente municipal.
Los 37 ayuntamientos morelenses se sostienen con una dependencia absoluta de los gobiernos federal y estatal, que a su vez también sufren por la escasez de recursos. Sobre esa base deberán trabajar los ínclitos diputados locales en torno a los proyectos de leyes de ingresos y presupuestos municipales que, además, tendrán vinculación con el Paquete Económico 2022 del gobierno estatal. Los legisladores no podrán andar por las nubes ni soñar en materia financiera, sobre todo si desconocen las circunstancias económicas nacionales y sus repercusiones en Morelos. Una cosa será su verborrea y demagogia, y otra la realidad de los números.
De entrada, el gobierno de la República ha cancelado centenares de proyectos de desarrollo debido al recorte presupuestal en infinidad de secretarías de estado, con el objetivo de cumplir los caprichos presidenciales. Ahí sí se pretende destinar miles de millones de pesos, sin haber de por medio suficiente recaudación fiscal. Espero equivocarme, pero las administraciones de los estados enfrentarán a partir de enero la drástica reducción en las participaciones federales.
Este escenario lo advertimos en enero del presente año, cuando los presidentes municipales comenzaron un nuevo ejercicio. Se vislumbraban, como ahora, los escenarios de precarismo. Hasta el día de hoy la situación no es diferente: los alcaldes siguen aguantando condiciones de empobrecimiento, lo cual afecta el desarrollo económico regional, la seguridad pública, el otorgamiento de servicios, etcétera.
Si bien los ayuntamientos están identificados por la población, debido a su cercanía con ella, como instancia efectiva de atención a sus demandas de obras públicas e infraestructura, en la práctica dicho papel corresponde a las dependencias federales y estatales. Desde hace años se ha postergado una profunda reforma constitucional en materia municipal. Y mientras no lleguen las grandes transformaciones, los municipios seguirán padeciendo penurias y riesgos.
Estaremos atentos a ver los acontecimientos en el Congreso local y aquí lo comentaremos.
