El procurador fiscal de la federación, Carlos Romero Aranda, reveló que Hacienda presentará querellas contras los 100 principales clientes de las 43 factureras que fueron señaladas el año pasado por facilitar un fraude al fisco por 55 mil 125 millones de pesos y agregó que en su área también está el presunto fraude el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) por más de 5 mil millones de pesos.
Romero Aranda señaló que los casos a denunciar por parte de la Procuraduría Fiscal de la Federación van contra grandes contribuyentes que hasta el 2020 siguieron usando estos esquemas para defraudar al fisco y lavar dinero.
Como se recordará, en junio del año pasado, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó de 43 empresas factureras relacionadas entre sí, que –de acuerdo con el análisis de 22 millones de facturas— dieron servicio a mil 202 entre personas físicas y morales, a través de la simulación de 93 mil millones de pesos.
Durante un congreso sobre prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, convocado por Thomson Reuters, el procurador fiscal informó que se presentarán las denuncias correspondientes también a los clientes que adquirieron facturas en 2020 y 2021, cuando aplica la reforma contra evasión fiscal.
Durante la conferencia, el procurador fiscal consideró que la reforma que pena la evasión fiscal “ha sido un éxito”; sobre todo a la luz de 170 mil millones de pesos más que el fisco percibió el año pasado, en medio de una caída “terrorífica” de la actividad económica.
Esto se debe a que la reforma tiene dos efectos, uno persecutorio y el otro inhibitorio, consideró. Al ver los primeros acuerdos reparatorios de empresas como Walmart, IBM, FEMSA —por mencionar algunos— que se pusieron al corriente en lugar de llegar a un juicio con Hacienda, muchos otros causantes se regularizaron.
Las penas por defraudación fiscal y equiparada son de hasta 13 años y medio de prisión.
En junio de 2020, el funcionario federal agregó que a los contribuyentes que se les hayan detectado facturas falsas se les mandaría un exhorto pensando que actuaron de buena fe y que desconocen que tiene este tipo de documentación apócrifa.
“Se les va a dar tres meses para que cumplan y que se regularicen con el pago de impuestos. Si en ese lapso no se regularizan, la Procuraduría fiscal presentará querellas contra el que compró facturas o el que recibió dinero porque se presume que sí hay contubernio”, explicó.
Gin Group, la mayor firma de subcontratación hasta hace unos meses tiene dinero congelado, y su dueño, Raúl Beyruti, está prófugo de una acusación formal por lavado de dinero por al menos 20 mil millones de pesos.
