Considerando que la suspensión de clases presenciales constituyó una de las primeras estrategias emprendidas por el Gobierno Federal para limitar los contagios de COVID-19, es necesario señalar que durante el ciclo escolar 2019-2020 dicha medida impactó a 33.6 millones de estudiantes, generando además que 740 mil alumnas y alumnos no lograran concluir ese año escolar por razones asociadas a la pandemia o por falta de recursos económicos, destacando que en el ciclo escolar 2020-2021, estos mismos motivos causaron que 5.2 millones de estudiantes no se inscribieran a la escuela.
En el caso de Morelos, no se cuenta con estadísticas sobre el impacto que ha generado la pandemia con respecto al ingreso, permanencia y deserción escolar, sin embargo invariablemente la entidad se inserta en el contexto nacional.
De acuerdo con datos del INEGI, la mayoría del alumnado considera que las clases a distancia son poco funcionales para el aprendizaje, aunado a que el 25% de los estudiantes entrevistados mencionó que alguno de sus padres o tutores se quedaron sin trabajo debido a la pandemia, por lo cual no pueden acceder a computadoras, otros dispositivos o a una conexión a internet para continuar con sus clases a distancia, además de que, vinculado a esta problemática, se estima que el trabajo infantil aumentó en un 16% con respecto a 2019, provocando que casi 3 millones 850 mil niñas, niños y adolescentes entre 5 y 17 años tuvieran que trabajar por el impacto que la pandemia representó en sus hogares.
Ante esta perspectiva y tomando en consideración la postura planteada por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, en la que se menciona que un cierre prolongado de escuelas afecta negativamente a toda una generación en el corto, mediano y largo plazo3, es evidente que la cuestión ya no versa sobre si es viable regresar a clases presenciales o no, sino en analizar los mecanismos y estrategias que deberá implementar el Poder Ejecutivo de Morelos para garantizar un regreso a clases seguro que permita a las familias decidir, con la más amplia liberta e información, si sus hijas e hijos regresan a las aulas.
Este Organismo Protector de Derechos Humanos considera que el regreso a clases involucra la responsabilidad ineludible del Gobierno de satisfacer en la mayor medida posible el derecho a la salud y el derecho a la educación de todas y todos, pues dichas prerrogativas constituyen pilares fundamentales en el desarrollo integral de las personas y de la sociedad.
En tal sentido y estando conscientes de que: a) la variante Delta del COVID-19 constituye una amenaza incuestionable para la infancia, sobre todo ante la dificultad de vacunar a menores de 12 años; b) que el Plan Nacional de Vacunación no ha sido concluido, siendo precisamente la población joven quien no cuenta con el esquema completo; y c) que a lo largo de la pandemia no se ha garantizado la seguridad económica de las familias a través de apoyos, exenciones o subsidios, resulta imperioso que el Poder Ejecutivo de la entidad comparta con la sociedad el plan estratégico que se seguirá en la gestión del regreso a clases, asegurando a todas las personas involucradas la protección más amplia de sus derechos fundamentales, mismo que deberá incluir como mínimo las directrices siguientes:
I. Proveer los insumos necesarios para la limpieza y sanitización a las más de 3,500 escuelas de Morelos4, implementando todas las medidas de salud, entre las que se destacan el suministro de cubrebocas gratuitos al alumnado, al personal docente y administrativo, así como gel antibacterial, sanitizante y agua potable en todos los espacios educativos de la entidad, con especial énfasis en aquellos municipios que han tenido problemas en el suministro del vital líquido;
II. Implementar protocolos permanentes de detección, atención inmediata y seguimiento de los casos sospechosos o confirmados de COVID-19;
III. Establecer estrategias para garantizar aulas seguras, en donde se respete la sana distancia y ventilación, priorizando el trabajo en espacios abiertos que permitan el desarrollo del proceso de enseñanza- aprendizaje;
IV. Garantizar que el transporte público cumpla con todas las medidas sanitarias, brindando apoyos y subsidios para las y los estudiantes del estado;
V. Implementar las medidas y protocolos necesarios para garantizar la salud y todos los derechos laborales a los más de 34,000 profesores y profesoras del Estado,5 otorgando un trato diferencial y especializado a las personas en situación de riesgo;
VI. Verificar que el profesorado, así como los padres y madres, tutores y tutoras, cuenten con el esquema completo de vacunación contra el COVID-19 y, en su caso, solicitar y coordinar con el Gobierno Federal la implementación de campañas de vacunación extraordinarias para quienes aún no hayan sido inmunizados;
VII. Brindar servicios gratuitos de acompañamiento psicológico en las escuelas, para el alumnado, el personal docente, administrativo y sus respectivas familias, que tengan por objeto atender las consecuencias psicosociales que se han presentado en el marco de la pandemia; y
VIII. Otorgar incentivos tanto a las y los estudiantes que regresen a las aulas (uniformes, útiles escolares, descuentos en el transporte público, y, en su caso alimentación en las escuelas de tiempo completo), así como a las y los alumnos que continúen en la modalidad a distancia (equipos de cómputo, dispositivos móviles y/o acceso a internet), con el objeto de minimizar las brechas de aprendizaje que pudieran generarse.
Por lo anterior, se exhorta al Poder Ejecutivo del estado de Morelos a incluir todas las medidas señaladas en el presente comunicado, solicitando además la capacitación integral de todo el personal involucrado en el regreso a clases; manifestando que este Organismo Protector de los Derechos Humanos permanecerá vigilante de los mecanismos implementados para garantizar la protección del interés superior de la niñez, la adolescencia y el estudiantado.
ATENTAMENTE
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS
