por Marcos Pineda
La inmensa mayoría de los mexicanos ha sufrido, en u otra forma, los efectos perniciosos de la pandemia de COVID-19, ya sea en la salud, la economía o en lo social y sus relaciones afectivas.
La estrategia del gobierno federal ha variado significativamente, desde el desdeño en sus inicios, el confinamiento después, la relajación de los criterios del semáforo de riesgo, posteriormente, que permitió la reapertura económica y, ahora de nuevo, modificando el tipo de medidas que habrán de tomarse para no volver al confinamiento, con la intención de sostener abierta la actividad comercial y de servicios.
A reserva de que organismos nacionales e internacionales, autónomos e independientes de los gobiernos y de las corrientes ideológicas, hagan un estudio y aporten un posicionamiento frente a esta forma de proceder del gobierno de AMLO, sí queda claro que esta tercera ola de contagios será imparable en México si continúa por la misma ruta, con un programa de vacunación que avanza lentamente y de la que solamente el gobierno mexicano se siente orgulloso.
Uno de los sectores afectados, el educativo, que agrupa a más de tres millones de trabajadores, entre públicos y privados, ambiente en el que confluyen decenas de millones de personas, educandos y padres de familia o tutores, tiene un enorme reto a enfrentar en los próximos días.
El regreso a las aulas va, sí o sí, porque así ya lo decidió el supremo poder presidencial, que modificó las reglas para que, aunque el semáforo no se encuentre en verde, haya clases presenciales. Siguen sin estar del todo claras las medidas, las políticas y los alcances que tendrán el regreso a clases en los diferentes estados de la República. Ya sea híbrida, es decir, combinación de clases presenciales con virtuales, asistencia opcional o parcial del alumnado, el reto para abatir el rezago educativo es de enormes dimensiones.
Algunas instituciones de educación privada del nivel superior se han comprometido a colaborar en este sentido. Unas más afectadas que otras en su matrícula, pero todas han sufrido en alguna medida la deserción escolar. Todas las medidas que tomen para incentivar y apoyar, a fin de que los alumnos continúen con sus estudios son útiles y abonan. Merecen reconocimiento.
Sin embargo, el punto clave es que el Pacto por la Educación tenga como prioridad garantizar la salvaguarda de la salud de estudiantes, profesores, trabajadores administrativos y de apoyo a la educación. Es muy probable que el regreso a clases, bajo modalidad parcial o bien voluntaria, se haga en pleno crecimiento de contagios. Así, que el Pacto debe partir de la toma de medidas estrictas para evitar mayor propagación del virus, tanto en las aulas como en los diferentes espacios educativos.
Mientras tanto, el gobierno del estado y sus autoridades educativas siguen sin dar muestras, al menos, de una estrategia propia. Siguen a expensas de lo que dicte la federación.
Y para iniciados
Resulta muy interesante que Andy Gordillo se haya decidido a presentar un Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, conocido como JDC. Si bien, es cierto que tal figura ya ha sido utilizada en distintos sentidos para combatir las decisiones de los órganos electorales, valdría la pena que se conocieran los argumentos que presentó, así podríamos valorar las expectativas de que prospere.
Excelente fin de semana.
La información es PODER!!!
