* Su familia tuvo que salir del país desde hace dos meses
La Secretaría de la Contraloría del Estado de Morelos, por órdenes del gobernador Cuauhtémoc Blanco, inhabilitó del servicio público a Raúl Hernández Cruz, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM), por hechos de junio del 2017.
La resolución, que fue notificada este día, es por un periodo de seis años.
El ombudsman calificó dicho acto «como una nueva embestida del Poder Ejecutivo a su persona por dar seguimiento al caso de tortura a los menores de edad del DIF», dijo.
«Los hechos por los que la Contraloría me está inhabilitando son por conductas que no cometí; están derogadas desde el 2017. Las facultades de la autoridad administrativa están caducadas», agregó.
Y denunció que con una extraña celeridad la CDHEM está siendo sujeta a auditorías voraces; «estamos atendiendo sin ningún problema, pero llama la atención la celeridad con las que las están haciendo».
Criticó que no reaccionan así con temas de inseguridad y violencia, pero no imprimen energía y recursos en la persecución.
«Una persona tiene garantizada la impunidad si comete asesinatos y en cambio quienes defendemos los Derechos Humanos tenemos garantizada la persecución», destacó.
El presidente de la CDHEM indicó «a esto se suman las amenazas que recibí por parte del secretario de gobierno (Pablo Ojeda Cárdenas), desde la publicación del periódico «El Reforma», para que pensara en mi familia, en mis hijas, mi notaría y en mi seguridad», dijo.
Reveló que “desde hace dos meses tuvo que sacar del país a mi familia por las amenazas que poco a poco se están cumpliendo”.
El ombudsman dio a conocer que por resolución de un juez de amparo de manera definitiva, ordenó al Poder Ejecutivo, al gobernador y al secretario de Gobierno “respetar el derecho de un servidor a gozar del derecho de mi licencia como notario público por todo el tiempo que dure mi encargo en la CDHEM».
No obstante, dijo que seguirá al frente de la CDHEM y advierte que ninguna autoridad lo puede destituir y la única autoridad para hacerlo es el Congreso de Morelos.
