Un juez federal ordenó la libertad de Francisco Javier Cruz Rosas, ex agente de la Policía Federal, quien formó parte de la División Antidrogas y fue imputado por presuntamente estar relacionado con el desvío de 2 mil 519 millones 617 mil 114 pesos de esa corporación policíaca.
Dicho juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, adscrito al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, determinó que no hay elementos para vincular a proceso al ex servidor público por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Cabe destacar que la Fiscalía General de la República (FGR) imputó a Cruz Rosas por haber cambiado tres cheques, cada uno por un millón de pesos, y entregar el dinero a quien era su jefe en la División Antidrogas de la Policía Federal.
La noche del pasado miércoles, el ex agente -quien se encontraba en León, Guanajuato- llamó por teléfono a la Policía Federal Ministerial para pedirle que fuera por él, ante la lentitud del trámite de su amparo contra la orden de aprehensión; una vez aprehendido, fue trasladado al Estado de México, donde fue internado en el Penal del Altiplano.
Dos días después, el viernes por la mañana, un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez le decretó la prisión preventiva oficiosa, debido a que uno de los dos delitos que le imputan -delincuencia organizada- impide la libertad provisional durante el proceso.
“Decidió entregarse a las autoridades ante el atraso en la resolución de su demanda de amparo, que lleva más de 9 meses sin ser resuelta y ante la situación propia del encierro, la situación familiar, es que tomó dicha determinación”, dijo en su momento su abogado, Gabriel Regino García.
Tras ser ordenada la libertad del ex agente de la Policía Federal, Regino García dijo al diario Milenio que durante la audiencia presentaron testigos, documentos e informes para demostrar que su cliente no es responsable de algún delito.
El hecho de cambiar los tres cheques, mencionó, podría en un momento dado significar una posible irregularidad administrativa, pero que está contemplado y justificado en la partida 4301 que establece los criterios de urgencia, confidencialidad e importancia para la seguridad pública y/o la seguridad nacional.
“Y como estos gastos eran los que se destinaban para el pago de informantes, pago de renta de vehículos, renta de casas, ropa, etcétera, entonces, cuando la Auditoría Superior de la Federación (ASF) determina que hay gastos que no se han comprobado, lo hacen como una información y no como una determinación de sanción.
“Y la FGR dijo bueno, si el dinero lo cambio en cheques y lo entregó en efectivo, eso significa que pertenecía a una organización criminal paralela al Estado que se dedicaban a lavar dinero. Esto es completamente un exceso”, apuntó Gabriel Regino.
