El diputado José Casas González solicitó a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública una reunión para analizar la abrogación del refinanciamiento de la deuda pública del estado, debido a que el Ejecutivo cambió unilateralmente los términos y condiciones para que pudiera ser solicitado.
De igual manera, la diputada Alejandra Flores Espinoza, manifestó que después de tres meses de haber aprobado al Poder Ejecutivo realizar la amortización de seis mil 500 millones en deuda con siete bancos, ahora pretenden introducir otros seis créditos más que paga la federación y que el gobierno estatal solo aporta los intereses anuales sin haber una explicación precisa sobre esta acción.
Durante la comparecencia de la secretaria de Hacienda, Mónica Boggio Tomazas Merino, ambos legisladores lamentaron que dentro del Decreto publicado dentro del Periódico Oficial “Tierra y Libertad” desde el Poder Ejecutivo hayan cambiado los términos y sigan sin atender la propuesta del gobierno federal.
Y es que para el gobierno estatal ya no se trata de un refinanciamiento de la deuda, sino una reestructuración “por las tasas de interés volátiles en el mercado internacional”, conforme a los dichos de la titular de la Secretaría de Hacienda.
Es por ello que los diputados Alejandra Flores y José Casas González solicitaron una reunión urgente a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública a fin de iniciar un análisis entre los 16 integrantes y con ello abrogar el Decreto publicado por el gobierno estatal.
Ambos, por separado, lamentaron que el tema del refinanciamiento de la deuda continúe sin trascender, cuando en las mesas de dicha comisión el acuerdo fue la contratación del refinanciamiento con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), porque daba una tasa de interés preferencial y un bono inicial de 300 millones de pesos a favor del estado.
Ahora, sin avisar al Congreso local el Ejecutivo busca vender la deuda pública a una institución privada, mismo que violaría las reglas impuestas desde el Legislativo estatal.
De hecho, el diputado José Casas González refirió que el refinanciamiento sería con los créditos obtenidos a través de siete instituciones bancarias y no con 13 como ahora establece el Decreto, es por ello que será necesaria su anulación y generar un nuevo mecanismo legal que impida otro endeudamiento más.
