• Se aprobaron para la Secretaría de Gobierno, CES y FGE, un total de cinco millones 901 mil pesos para el ejercicio fiscal 2021
Por segundo año consecutivo, el estado de Morelos accederá a recursos federales provenientes de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), por la cantidad de cinco millones 901 mil pesos, que serán destinados a la Secretaría de Gobierno, la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES) y la Fiscalía General del Estado (FGE).
Para lograr la aprobación de los recursos destinados por la federación, hubo un trabajo de planeación riguroso por parte de dichas unidades de estado, dado que deben cumplirse lineamientos específicos y metodologías para competir con las demás entidades; en este caso, 72 proyectos a nivel nacional fueron presentados, desechándose 19 de ellos.
Bajo esa premisa, a la Secretaría de Gobierno que encabeza Pablo Ojeda, quien coordina los esfuerzos en materia de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), se destinará la cantidad de dos millones 390 mil pesos, para la ejecución de un plan emergente de prevención a la violencia feminicida, en el contexto de la pandemia por la COVID-19.
Dicho plan conlleva la creación de módulos itinerantes y virtuales para la atención y orientación con servicios multidisciplinarios para mujeres víctimas de violencias, así como la integración de redes intersectoriales en los ocho municipios con declaratoria en Morelos.
Como parte de las medidas que se atenderá en la declaratoria destacan: dar atención inmediata a mujeres en situación de riesgo en los municipios que comprende la AVGM, donde se deberá contemplar asistencia multidisciplinaria (abogadas, psicólogas, médicas, trabajadoras sociales y elementos de seguridad), y el protocolo de actuación de las y los servidores públicos encargados de brindar la atención correspondiente.
Además de institucionalizar los procesos de atención a las mujeres víctimas de violencia en todas las instancias del estado, a fin de que no quede a la discreción del personal; diseñar rutas críticas de actuación claras y con responsabilidades definidas, susceptibles de evaluación periódica, para facilitar la adecuada atención, canalización de la víctimas y sus familiares.
Mientras tanto, para la CES se consiguió un subsidio con un monto de un millón 700 mil pesos, dentro de la modalidad “Diseño e implementación de un plan emergente para la prevención de los feminicidios con la identificación, atención y canalización a las mujeres víctimas de lesiones dolosas y tentativa de feminicidio”.
El proyecto tiene por objeto fortalecer la atención especializada de la CES a través de la canalización y seguimiento de situaciones de violencias donde las víctimas sean niñas, adolescentes y mujeres, generen una coordinación entre las unidades de estado para las respuestas a las emergencias recibidas en el Teléfono de Asistencia a la Mujer Morelense (TELAMMOR) a través del 089 y SeguriChat.
Para el cumplimiento de lo anterior, se obtendrá la contratación de seis profesionales en psicología y cuatro en trabajo social, quienes una vez realizado el proceso de selección y contratación del personal, serán capacitados en la atención de niñas, adolescentes y mujeres, misma que provocará la canalización inmediata a las instancias especializadas de los casos de violencia de género hacia niñas, adolescentes y mujeres.
Sin embargo, el beneficio continúa en el seguimiento de los casos de violencia hacia niñas, adolescentes y mujeres, en donde se incluyen las medidas y/o órdenes de protección, con la realización de llamadas de monitoreo y seguimiento a través de las visitas presenciales de las profesionales en trabajo social.
En tanto, la FGE accedió a un millón 811 mil pesos, que será aplicado para el diseño e implementación de un plan emergente para el acceso a la justicia.
La FGE aportará la misma cantidad de recursos autorizados, y en conjunto serán aplicados para la contratación eventual de personal especializado en perspectiva de género, con enfoque de derechos humanos, para dar seguimiento a las carpetas de investigación iniciadas a través de los Centros de Justicia para las Mujeres; lo anterior para la atención especialmente de delitos relacionados con la violencia familiar.
Para ello, se establece la incorporación eventual de agentes del Ministerio Público, agentes de investigación criminal, peritos en psicología, trabajo social y asesores jurídicos.
El Estado destinará una aportación económica (coparticipación), para la ejecución de los proyectos, garantizando así el cumplimiento del mandato de protección hacia mujeres y niñas.
