¿NOS HEMOS ACOSTUMBRADO A LA CORRUPCIÓN?

Por Irradia Noticias

Hay algo que debería preocuparnos mucho más como sociedad, que los escándalos de corrupción, … que es estar comenzando a acostumbrarnos a ellos.

Que dejemos de indignarnos. Que nos parezca normal que las investigaciones avancen o se detengan dependiendo de quién sea el señalado. Que la justicia parezca tener diferentes velocidades y que la exigencia de pruebas se convierta, en ocasiones, en un argumento que se utiliza de manera distinta según los intereses políticos.

Y aquí hay dos casos que merecen nuestra atención.

Primero, el de Guadalupe Taddei, expresidenta del Instituto Nacional Electoral. En medio de los señalamientos sobre posibles irregularidades en contrataciones y relaciones con proveedores, la presidenta Claudia Sheinbaum ha sostenido que corresponde a las autoridades fiscalizadoras y a la Fiscalía determinar si existen responsabilidades.

Y está bien. Nadie debe ser condenado por una sospecha, una filtración o un señalamiento político. La presunción de inocencia debe respetarse para todas las personas.
Pero entonces surge una pregunta inevitable: ¿ese mismo principio se aplica sin distinciones?

Pensemos en el caso de Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California. Fue detenido y vinculado a proceso por acusaciones relacionadas con el llamado huachicol fiscal y delincuencia organizada.

Mientras el PAN sostiene que no existen pruebas suficientes y denuncia una persecución política, la Fiscalía asegura que cuenta con elementos para sustentar la investigación.

No se trata de declarar inocente o culpable a nadie desde un micrófono. Eso le corresponde a los tribunales.
Se trata de exigir que las reglas sean las mismas.

Porque si para unos pedimos pruebas, para otros también. Si exigimos investigaciones completas, deben ser completas para todos. Y si defendemos la presunción de inocencia, no podemos convertirla en un privilegio reservado para quienes tienen cercanía con el poder.

La justicia no puede depender del partido al que pertenezca el investigado.

Y hay otro asunto que merece una reflexión: el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.

Desde su creación, esta institución se presentó como parte de una política para recuperar bienes y recursos vinculados con actividades ilícitas y destinarlos a fines públicos y sociales.

Pero cabe preguntar: ¿cómo se garantiza que esa política opere sin distinciones políticas?

¿Se investiga con el mismo rigor a quienes forman parte del partido gobernante y a quienes pertenecen a la oposición?
¿Se revisan los patrimonios de todos los funcionarios y exfuncionarios cuando existen indicios de enriquecimiento inexplicable?
¿Se persigue el dinero de la corrupción sin importar quién lo tenga?

Porque no podemos hablar de devolverle al pueblo lo robado, si la exigencia de transparencia no alcanza a todos.

Y tampoco podemos confundir, la recuperación de bienes ilícitos con la afectación del patrimonio legítimo de cualquier ciudadano. Nadie debe perder lo que ha construido legalmente por una mera sospecha. Para eso existen las investigaciones, las pruebas y los procedimientos judiciales.

El problema de fondo es la confianza.
La confianza de los ciudadanos en las instituciones, en las fiscalías, en los tribunales y, sobre todo, en la palabra de quienes gobiernan.

Porque durante años escuchamos promesas de acabar con la corrupción. Escuchamos que habría una nueva forma de gobernar, que no habría privilegios y que nadie estaría por encima de la ley.

Pero la pregunta sigue siendo la misma: ¿esa promesa se cumple para todos?

Gran inicio de semana y de reflexión.

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